El movimiento telúrico de magnitud 4.6 registrado este lunes frente a la costa de Venezuela, con epicentro cerca de San Felipe y sentido en Valencia, no representa una amenaza catastrófica inmediata. Sin embargo, su detección y reporte preciso por parte del Servicio Geológico Colombiano (SGC) subraya una realidad técnica que a menudo se ignora en medio de las tensiones diplomáticas: la geología andina no respeta fronteras políticas ni ideologías. Para Colombia, este evento es un recordatorio de que nuestra seguridad física depende de una integración científica que ha sobrevivido, a duras penas, a la volatilidad de las relaciones binacionales.
La asimetría en la gestión del riesgo
Mientras Bogotá mantiene una capacidad institucional robusta para el monitoreo sísmico, heredera de décadas de inversión técnica y cooperación internacional, la contraparte venezolana enfrenta un deterioro significativo en sus sistemas de alerta temprana. Según datos del SGC, el sismo ocurrió a 38 kilómetros de profundidad, un parámetro crucial para evaluar el potencial destructivo que requiere redes de sismógrafos operativas y calibradas. En un contexto donde la infraestructura crítica venezolana ha sufrido años de desinversión, la dependencia de datos generados desde Colombia o desde redes globales como el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) se convierte en un salvavidas silencioso para las poblaciones de Táchira, Zulia y Falcón.
Esta asimetría técnica tiene implicaciones directas para la seguridad nacional colombiana. Un terremoto de mayor magnitud en el arco andino venezolano podría desencadenar crisis humanitarias transfronterizas, flujos migratorios repentinos y presión sobre nuestra propia infraestructura en la zona de integración. La preparación ante desastres no es solo un asunto de protección civil; es un componente de la estabilidad hemisférica. Cuando los Estados pierden la capacidad de responder a sus propios riesgos naturales, la inestabilidad se exporta. Por ello, mantener canales técnicos abiertos, independientemente de la afinidad política entre gobiernos, es una obligación pragmática de cualquier administración en Bogotá que priorice la seguridad regional.
Geopolítica de las placas tectónicas
Colombia se ubica en una de las zonas de subducción más complejas del planeta, donde convergen las placas de Nazca, Sudamericana y del Caribe. Esta realidad geológica nos vincula indisolublemente con Ecuador y Venezuela. El historial sísmico compartido, desde el terremoto de Cúcuta de 1875 que afectó también al estado Táchira, hasta los eventos destructivos de 1999 en el Eje Cafetero, demuestra que los riesgos son sistémicos. No obstante, la respuesta institucional a estos riesgos ha sido históricamente fragmentada por ciclos políticos.
Desde una perspectiva de mercado y estabilidad institucional, la falta de protocolos binacionales estandarizados para la gestión de desastres representa un riesgo no asegurado para la región andina. Los inversores y las agencias de calificación de riesgo observan con preocupación cómo la desconexión técnica eleva los costos potenciales de recuperación ante catástrofes. En un mundo donde el cambio climático y la actividad sísmica interactúan con infraestructuras envejecidas, la resiliencia regional es un activo económico. La cooperación en gestión de riesgos debería ser el piso mínimo de cualquier relación vecinal, un espacio “despolitizado” que sirva de ancla cuando la diplomacia tradicional falla.
Más allá de la retórica solidaria
Es previsible que, tras este sismo, surjan declaraciones de solidaridad oficial. Pero la verdadera solidaridad en relaciones internacionales se mide en transferencia de capacidades y mantenimiento de redes compartidas, no en comunicados de prensa. El escepticismo frente a la instrumentalización política de la ayuda humanitaria debe ir acompañado de un compromiso firme con la cooperación técnica apolítica. Si el gobierno actual en Venezuela o en Colombia utiliza los desastres como herramienta de propaganda, se erosiona la confianza necesaria para la coordinación efectiva.
Para Colombia, la lección es clara: nuestra política exterior hacia Caracas y Quito debe blindar los componentes técnicos de la relación. El SGC y sus pares regionales son activos estratégicos de seguridad. Fortalecerlos y garantizar su interoperabilidad es tan vital como cualquier acuerdo comercial o tratado de seguridad. La tierra tiembla con la misma frecuencia sin importar quién ocupe la casa de gobierno; nuestra tarea es asegurar que, cuando eso ocurra, las instituciones estén lo suficientemente sólidas para que el daño sea solo material y no institucional.