El 26 de agosto, la estación de Policía de El Tambo, Cauca, recibió más de veinte detonaciones lanzadas desde drones cargados con explosivos. El hecho, reportado por Vanguardia, fue atribuido de manera preliminar a integrantes de las disidencias de las Farc, aunque ninguna estructura fue identificada oficialmente. Las autoridades no reportaron uniformados muertos ni heridos, pero líderes sociales de la zona señalaron que viviendas cercanas habrían sufrido afectaciones.
Lo ocurrido no es un episodio aislado ni una novedad táctica menor. Cauca lleva años siendo el escenario donde el Estado colombiano mide su capacidad real de protección territorial, y los resultados son consistentes: presencia de grupos armados ilegales, ataques recurrentes contra la Fuerza Pública y una población civil atrapada entre el fuego cruzado y los operativos de contención.
El uso de drones con explosivos añade un dato preocupante. No es improvisación: requiere entrenamiento, recursos y una cadena logística que las disidencias han logrado sostener. El senador Honorio Henríquez, presidente del Senado, calificó el ataque como terrorista y cuestionó el empleo de esos dispositivos por el riesgo que representan para uniformados y civiles. La calificación es acertada en términos jurídicos y políticos.
Mientras tanto, el Gobierno nacional reportó resultados operativos en el mismo día: 51 capturas en 24 horas, 14 armas de fuego incautadas, 317 municiones decomisadas y siete laboratorios de pasta base de coca destruidos. Desde el 7 de agosto, según el balance oficial, se han realizado 8.424 capturas y se ha afectado a 21 cabecillas, con 31.174 kilogramos de estupefacientes decomisados, entre ellos 13.669 kilogramos de cocaína.
Las cifras son altas y, en abstracto, podrían leerse como un éxito. Pero un solo ataque con más de veinte detonaciones contra una estación de Policía en pleno 2026 las pone en perspectiva. La pregunta no es si la Fuerza Pública captura personas o incauta droga —claramente lo hace—, sino si esas acciones alteran la estructura de mando, la financiación y la capacidad ofensiva de los grupos que hoy controlan franjas del territorio. La evidencia reciente sugiere que no.
Hay un patrón que se repite: golpes tácticos sin efecto estratégico. Capturas masivas que no desarticulan las redes, destrucción de laboratorios que son reconstruidos en semanas, y mientras tanto, drones sobrevolando municipios donde el Estado debería tener presencia exclusiva. La política de seguridad necesita métricas distintas a los decomisos acumulados. Necesita medir control territorial efectivo, reducción sostenida de ataques contra la Fuerza Pública y protección verificable de la población civil.
El Tambo no admite triunfalismos. Un municipio donde se registran más de veinte explosiones en una mañana, con drones sobrevolando después del ataque inicial, es un municipio donde el Estado no tiene el monopolio de la fuerza. Esa es la discusión que el país debe darse, por encima de los balances diarios.