¿Puede considerarse profesional una liga que no dota a sus árbitras de las herramientas mínimas para impartir justicia en tiempo real? La pregunta no es retórica tras lo ocurrido en el estadio El Campín, donde el clásico capitalino entre Millonarios y Santa Fe quedó marcado por una acción que trasciende el resultado deportivo: la patada de Tahicelis Marcano a Laura Tamayo, sancionada apenas con tarjeta amarilla por la jueza central Paula Ome, en un partido donde el VAR brillaba por su ausencia.
El fútbol femenino colombiano atraviesa un momento de crecimiento innegable. Millonarios llegó a este clásico como tercero de la tabla, con 32 puntos en 15 jornadas y aspiraciones legítimas de clasificar a la Copa Libertadores. Las embajadoras ganaron 1-0 con gol de Lina Gómez en el descuento, manteniendo su hegemonía sobre las cardenales. Pero el triunfo quedó ensombrecido por una jugada al minuto 58 que evidencia las carencias estructurales del torneo: Marcano, futbolista venezolana de Santa Fe, impactó con los taches el rostro de Tamayo en una disputa aérea, una acción que las imágenes televisivas mostraron como merecedora de expulsión, pero que la jueza Ome resolvió con amonestación leve.
Aquí no se trata de crucificar a la árbitra, quien tomó una decisión en fracciones de segundo sin asistencia tecnológica, ni tampoco de demonizar a Marcano, cuya intención parecía ser disputar el balón. El problema es sistémico: la Liga Femenina BetPlay Dimayor no cuenta con VAR en la fase de Todos contra Todos, una ausencia que también afecta la Copa Colombia y que genera, como era previsible, escándalos arbitrales recurrentes. Tocqueville observaba que la salud de las instituciones democráticas depende no solo de sus leyes escritas, sino de los hábitos y recursos que las sostienen. Mutatis mutandis, la credibilidad de una competencia deportiva no se construye con buenas intenciones ni con marketing sobre la equidad de género, sino con la infraestructura concreta que garantice que las reglas se apliquen con justicia.
Resulta paradójico que se exija a las futbolistas profesionalismo en la preparación física, táctica y mental, mientras se les niega el estándar mínimo de arbitraje asistido que sí existe en el fútbol masculino. La primera jueza de línea tampoco vio la jugada, según el reporte, lo que agrava la sensación de desamparo. Las protestas de la entrenadora Angie Verga y del cuerpo técnico de Millonarios no son un berrinche pasajero: son la expresión de una frustración acumulada ante la precariedad institucional. ¿Cuántas jugadoras deben sufrir agresiones impunes o errores arbitrales decisivos antes de que la Dimayor entienda que el VAR no es un lujo, sino una herramienta de equidad competitiva?
La ironía es evidente: el fútbol femenino lucha por visibilidad, patrocinios y respeto mediático, pero sus propios administradores le niegan los mecanismos que protegerían su integridad competitiva. No se trata de igualar por igualar, sino de reconocer que la justicia deportiva es un pilar de cualquier liga que aspire a ser tomada en serio. Popper advertía que las instituciones deben diseñarse para minimizar el daño cuando los individuos fallan, no para depender de la infalibilidad humana. El VAR existe precisamente porque aceptamos que los árbitros, por capaces que sean, tienen limitaciones físicas y angulares. Negarlo en la Liga Femenina es, en el fondo, una forma de discriminación estructural disfrazada de austeridad presupuestal.
Millonarios cerró su participación en la fase regular con tranquilidad, clasificado a cuadrangulares y con el derbi ganado. Santa Fe, en una temporada irregular, se fue con las manos vacías y con la polémica a cuestas. Pero el verdadero perdedor fue el torneo mismo, que una vez más quedó expuesto ante la opinión pública como una competencia de segunda categoría no por la calidad de sus futbolistas, sino por la mezquindad de quienes lo organizan. Las jugadoras merecen estadios llenos, contratos dignos y transmisiones televisivas de calidad, pero también merecen algo más básico: que las reglas del juego se apliquen con la misma rigurosidad que en cualquier liga profesional.
El fútbol femenino colombiano ha demostrado que puede llenar tribunas, generar pasiones y producir espectáculos de alto nivel. Lo que no ha demostrado la Dimayor es que esté dispuesta a invertir en su credibilidad. Mientras el VAR siga siendo una asignatura pendiente, cada error arbitral será un recordatorio de que, para las autoridades del fútbol, la justicia deportiva femenina sigue siendo negociable. Y esa es una tarjeta roja que ninguna jueza está mostrando.