La Registraduría informó que 1.414.661 ciudadanos colombianos están inscritos para votar en el exterior durante estas elecciones presidenciales, cifra que representa un crecimiento del 45,42 por ciento respecto a 2022. La jornada comenzó el 25 de mayo en Auckland, Nueva Zelanda, y se extenderá hasta el 31 de mayo en 253 puestos de votación distribuidos en 67 países.
Estos números merecen atención. No por su magnitud absoluta, que es considerable, sino por lo que revelan y lo que ocultan sobre la organización electoral colombiana.
Primero, el crecimiento. Un aumento de 45 por ciento en el censo electoral en el exterior en cuatro años sugiere dos posibilidades simultáneas: una migración acelerada de colombianos o un mejor registro de quienes ya estaban fuera. La Registraduría no ha sido clara sobre cuál de estos factores pesa más. Esto importa porque la migración forzada por violencia, desempleo o falta de oportunidades es un indicador de crisis institucional que no debería celebrarse como un “hecho histórico”, como lo hizo la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio.
Segundo, la infraestructura. Según el registrador delegado Jaime Hernando Suárez, se aumentaron puestos y mesas de votación, se instalaron equipos de digitalización de formularios E-14 en los puestos con mayor afluencia y se habilitó una aplicación para capacitación de jurados. Estas son medidas técnicas necesarias. Pero la Registraduría no ha publicado un análisis de las fallas en elecciones anteriores que justifique estas inversiones específicas. ¿Hubo retrasos? ¿Errores en el conteo? ¿Dificultades logísticas documentadas? Sin ese diagnóstico previo, es imposible evaluar si las soluciones son proporcionales.
Tercero, la observación electoral. El Consejo Nacional Electoral reporta 223.929 testigos electorales, observadores nacionales e internacionales y auditores de sistemas acreditados hasta el momento. El plazo para nuevas inscripciones vence el 28 de mayo a las 5:00 de la tarde. Este número parece robusto en términos absolutos, pero falta contexto: ¿cuántos testigos hay por mesa en el exterior? ¿Cómo se distribuyen geográficamente? ¿Cuál es el protocolo cuando un puesto de votación tiene menos de un testigo por mesa? La transparencia no es solo cantidad de observadores; es capacidad verificable de vigilancia.
La jornada fue supervisada desde el Palacio de San Carlos bajo la dirección de la Cancillería. Esto es correcto desde el punto de vista administrativo: la votación en el exterior es competencia de Relaciones Exteriores. Pero plantea una pregunta de independencia: ¿qué mecanismo existe para que las autoridades electorales (CNE y Registraduría) ejerzan supervisión autónoma en territorios donde la Cancillería tiene autoridad administrativa? Los conflictos de competencia entre entidades pueden traducirse en vacíos de control.
Lo que no aparece en el reporte oficial es igualmente importante. No hay cifras sobre participación esperada versus participación real en elecciones anteriores. No hay análisis de fraude electoral documentado en el exterior en 2022. No hay protocolos públicos para resolver controversias en puestos de votación donde la comunicación con Colombia toma horas. No hay información sobre quién audita a los auditores de sistemas.
El crecimiento del 45 por ciento en el censo electoral en el exterior es un dato. Que sea presentado como un “hecho histórico” sin análisis crítico es un problema. Colombia tiene una larga historia de elecciones cuestionadas, desde compra de votos hasta suplantación de identidad. El voto en el exterior, donde la supervisión es más difícil y la distancia mayor, merece escrutinio más riguroso, no celebración más ruidosa.
La Registraduría y el CNE tienen la obligación de publicar, antes de que cierre la jornada electoral, los protocolos de resolución de controversias, los criterios de validación de votos, los mecanismos de auditoría de sistemas y los reportes de participación por país. Esto no es burocracia; es democracia.
Los números están. La pregunta es si la transparencia los acompaña.