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La Bitácora

Opinión, ensayo y memoria política

Política · Análisis · 15 jun 2026

La segunda vuelta se juega también afuera

Más de 1,4 millones de colombianos están habilitados para votar en 67 países. La Registraduría abrió las urnas en Auckland.

La segunda vuelta se juega también afuera — Política, ilustración editorial

La segunda vuelta presidencial comenzó a definirse, en términos prácticos, antes de que en Colombia se abriera el primer puesto de votación. La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó la apertura de mesas en el exterior el 14 de junio, con Auckland, Nueva Zelanda, como punto de partida por la diferencia horaria. Desde allí, y durante seis días, 1.441.661 colombianos habilitados podrán ejercer el sufragio en 67 países con representación consular.

El dato no es menor. Según la Registraduría, las ciudades donde ya se activó el proceso incluyen Canberra y Sídney, Seúl, Beijing, Shanghái, Hong Kong, Guangzhou, Manila, Nueva Delhi, Yakarta y Tokio, entre otras. La jornada en el exterior se extenderá entre el 15 y el 20 de junio, con un último turno el domingo 21 para quienes no hayan votado en los días previos. La logística, en términos de cobertura, parece razonable: el consulado opera como puesto de votación y el horario se ajusta a cada país.

Dicho esto, la cifra de habilitados obliga a una lectura política que va más allá del procedimiento. Más de 1,4 millones de colombianos en el exterior representan un bloque electoral que, en una segunda vuelta donde los márgenes suelen ser estrechos, puede inclinar el resultado. La pregunta de fondo es si la Registraduría y los consulados están garantizando condiciones equivalentes a las del voto interno: información suficiente sobre los candidatos, accesibilidad de los puestos y, sobre todo, transparencia en el conteo y transmisión de los datos.

Hay un punto que merece atención editorial. En la primera vuelta, distintos reportes de prensa y observaciones de misiones de acompañamiento documentaron demoras en la consolidación de los resultados del exterior y baja participación relativa frente al potencial habilitado. Si esa tendencia se repite, el peso real del voto en el exterior será inferior al que sugiere la cifra de 1.441.661 habilitados. La Registraduría debería publicar, como hizo en procesos anteriores, los datos desagregados por país y por mesa, con horarios de apertura y cierre efectivos, para que la ciudadanía pueda verificar el desarrollo de la jornada.

Otro elemento a vigilar es la consistencia entre el censo electoral en el exterior y la realidad migratoria. Colombia ha tenido flujos emigratorios significativos en los últimos años, y no siempre las actualizaciones de la Registraduría reflejan esos movimientos con la velocidad necesaria. Un colombiano que cambió de país, que se registró tarde o que enfrenta restricciones de acceso al consulado puede quedar por fuera del censo sin que ello figure como una irregularidad, sino como un subregistro estructural.

Para los dos candidatos que disputan la segunda vuelta, el mensaje operativo es claro: el voto en el exterior no es residual. La Bitácora lo planteó en la cobertura de la primera vuelta y lo reitera ahora. Una campaña que ignore los consulados, que no designe testigos electorales en las principales ciudades del exterior o que no difunda propuestas específicas para la diáspora, estará renunciando a una porción del electorado que, en un escenario ajustado, puede resultar determinante.

La jornada arrancó en Auckland. En Colombia, las mesas se abrirán el domingo. Entre ambos extremos hay un proceso logístico que la Registraduría debe conducir con la misma rigurosidad con que conduce el voto interno, y una ciudadanía en el exterior que merece la misma atención que la que vota dentro del territorio nacional. La segunda vuelta se juega también afuera, y conviene no olvidarlo cuando lleguen los primeros resultados consolidados.

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Columnista de La Bitácora

Catalina Restrepo Mejía

38 años, Medellín. Egresada de Ciencia Política de EAFIT con maestría en Periodismo de los Andes. 15 años cubriendo contratación pública y política regional.

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