Hace quince años cubro política en Medellín. He visto candidatos llegar a cargos ejecutivos con mandatos claros, con promesas de transformación, y encontrarse con un muro institucional que bloquea casi todo lo que intentan hacer. No es incompetencia. Es arquitectura.
El acto electoral presupone algo elemental: que la voluntad expresada en urnas se traduce en capacidad de decisión. Que quien gana tiene poder para gobernar. En teoría, así debería ser. En la práctica colombiana, el camino entre el voto y la ejecución está plagado de obstáculos que rara vez se mencionan en campaña.
Un presidente electo se enfrenta a una Corte Constitucional que puede tumbar sus decretos. A un Congreso que no responde a su coalición. A burocracias enquistadas que resisten el cambio. A estructuras de contratación pública donde operan intereses privados que capturan recursos sin que el ejecutivo tenga herramientas reales para impedirlo. El voto, entonces, se convierte en un acto de legitimación sin consecuencias reales de transformación.
Esto no es argumento contra las elecciones. Son el mecanismo menos malo que tenemos para seleccionar autoridades. Pero sí es argumento para reconocer que la calidad de una democracia no depende solo de la limpieza de sus procesos electorales. Depende de si las instituciones tienen la capacidad —y la voluntad— de ejecutar mandatos.
En Colombia hemos normalizado una ficción: que elegir a alguien es suficiente. Que la legitimidad electoral es equivalente a poder de decisión. No lo es. La legitimidad sin capacidad institucional es un cheque sin fondos.
Lo que preocupa no es que existan límites al poder ejecutivo. Esos límites son deseables. Lo que preocupa es que operen de manera inconsistente, selectiva, respondiendo más a negociaciones entre élites que a principios constitucionales claros. Un presidente de una coalición determinada ve bloqueados sus decretos. Otro, con otra alineación política, logra que sus decisiones prosperen. Eso no es Estado de derecho. Es captura institucional.
La observación de la contratación pública en Medellín me ha enseñado algo más: que el verdadero poder no siempre reside donde la Constitución dice que debe residir. Reside en quien controla los recursos, quien define qué se contrata y a quién. Un presidente puede tener legitimidad electoral, pero si no controla realmente la máquina administrativa, esa legitimidad es decorativa.
La pregunta entonces no es si las mayorías deben elegir. Deben. La pregunta es si después de elegir, las instituciones funcionan. Si un mandato electoral se puede ejecutar. Si existe coherencia entre lo que se promete y lo que se puede hacer.
Mientras esa capacidad no exista —mientras la rama judicial, el legislativo y la administración pública operen como fuerzas en tensión permanente sin mecanismos claros de resolución—, las elecciones seguirán siendo rituales de legitimación sin poder transformador real.
No se trata de debilitar las instituciones. Se trata de fortalecerlas. De hacer que funcionen de verdad. De que cuando una mayoría elige, esa elección importe.