La definición de la presidencia en Perú se reduce a un margen estadístico que trasciende las fronteras nacionales. Con el 95,68 % de las actas procesadas, la disputa entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez no es solo un recuento de votos, sino un termómetro de la fatiga institucional andina. Para Colombia, cuyo eje de política exterior prioriza la estabilidad hemisférica y el libre comercio, la parálisis política en Lima representa un riesgo tangible que va más allá de la retórica diplomática.
El costo de la ingobernabilidad vecina
La historia reciente peruana demuestra que los mandatos sin legitimidad clara derivan en ciclos de vacancia y disolución que paralizan la inversión. Según datos del Banco Central de Reserva del Perú y proyecciones del Fondo Monetario Internacional, la incertidumbre política ha restado sistemáticamente puntos al crecimiento potencial del país en la última década. Para Bogotá, esto se traduce en una frontera compartida con menor capacidad estatal y en un socio comercial debilitado dentro de la Alianza del Pacífico.
La integración regional requiere contrapartes funcionales. Un Perú sumido en disputas legales postelectorales dificulta la coordinación en seguridad fronteriza, control migratorio y lucha contra el narcotráfico. La región andina no puede permitirse otro quinquenio perdido mientras Washington y Bruselas reconfiguran sus cadenas de suministro cerca de sus mercados (nearshoring). La estabilidad macroeconómica peruana es un bien público regional; su deterioro nos afecta directamente en competitividad y seguridad.
Señales para los mercados y la cooperación
Los inversionistas internacionales observan con preocupación la polarización actual. Más allá de quién ocupe Palacio de Gobierno, lo relevante para el clima de negocios es si el próximo mandatario tendrá la gobernabilidad necesaria para respetar contratos, mantener la independencia del banco central y ejecutar infraestructura. La Comunidad Andina y los tratados de libre comercio vigentes dependen de la continuidad de las reglas de juego, no de la ideología del inquilino de turno.
Desde una perspectiva atlantista y pro-mercado, la preocupación central no es el resultado binario, sino la fortaleza de las instituciones que lo validan. Si el perdedor desconoce los resultados sin pruebas técnicas, o si el ganador asume con una agenda de ruptura constitucional, el daño será inmediato. La credibilidad de Perú ante la OCDE y los mercados de capitales está en juego. Para Colombia, que busca profundizar su inserción global, tener un vecino andino aislado o sancionado por retrocesos democráticos sería un golpe estratégico severo.
La responsabilidad de la institucionalidad
Es momento de que las élites políticas peruanas prioricen la preservación del Estado de derecho sobre la victoria partidista. La experiencia comparada en América Latina, desde Nicaragua hasta Venezuela, muestra que la erosión institucional suele comenzar con la deslegitimación de los árbitros electorales. Por el contrario, cuando las instituciones funcionan, incluso en contextos de alta polarización, la economía respira y la cooperación internacional fluye.
Colombia debe mantener una postura de respeto escrupuloso por la soberanía peruana, pero también de firme defensa de los principios democráticos que sustentan nuestra arquitectura de integración. No se trata de intervenir, sino de recordar que la estabilidad andina es indivisible. El resultado de esta elección definirá si Perú se consolida como un pilar del comercio hemisférico o si se convierte, nuevamente, en un factor de riesgo sistémico para toda la subregión. La espera del 4 % restante de votos no es solo un trámite administrativo; es la antesala de un nuevo ciclo político que definirá el horizonte económico de los Andes para los próximos años.