Un episodio reportado el 14 de junio en un edificio de la calle 106 con carrera 19A, en la localidad de Usaquén, puso a prueba la reacción institucional y la consistencia del discurso político en Bogotá. Según la reconstrucción de Infobae Colombia, la alerta partió de vecinos que observaron a un hombre con un niño en un balcón y dieron aviso a las líneas de emergencia. La Policía Metropolitana, acompañada por unidades de infancia y adolescencia, ingresó al inmueble y encontró a otros menores en el apartamento, todos trasladados a un centro asistencial para valoración y acompañamiento. El señalado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta las verificaciones correspondientes, incluida su situación migratoria y sus antecedentes.
El caso activa dos preguntas que conviene no mezclar. La primera es de orden penal: corresponde a la Fiscalía establecer qué ocurrió, tipificar la conducta y, si hay mérito, formular imputación. Mientras esa etapa avance, cualquier pronunciamiento público debería respetar la presunción de inocencia y evitar sentencias anticipadas. La segunda es de orden institucional: qué tan preparados están los protocolos de protección a la niñez en Bogotá, qué articulación existe entre la Policía, el Icbf y la administración distrital, y qué seguimiento recibirán los menores involucrados más allá del momento mediático.
La respuesta oficial fue inmediata. El secretario de Seguridad, César Restrepo, confirmó el despliegue de cuadrantes, Sijín y equipos especializados. El alcalde Carlos Fernando Galán sostuvo, en su mensaje en X citado por Infobae, que en Bogotá no se admite el maltrato ni el abuso contra niños y niñas, y aclaró que serán la Fiscalía y las autoridades competentes las que determinen responsabilidades. Esa separación de roles, aunque elemental, no siempre se respeta cuando la presión política sube.
Porque la presión subió. En cuestión de horas, al menos cinco figuras públicas fijaron posición en X, según la reconstrucción de Infobae. El exministro Luis Gilberto Murillo pidió investigar lo que estaría detrás del caso. La directora del Instituto Distrital de Turismo, Ángela Garzón, exigió cero impunidad. La senadora María José Pizarro reclamó que le caiga todo el peso de la ley. El concejal Humberto Papo Amín calificó el hecho como aberrante y advirtió que no puede quedar impune. El exviceministro Gustavo Niño reclamó el máximo castigo que permita la ley. Todos coinciden en el rechazo, que es compartido. La pregunta es si el método ayuda.
Cuando un funcionario electo o en ejercicio pide públicamente un castigo específico antes de que exista imputación, podría estar desplazando el centro de gravedad del proceso penal al debate en redes. Especialistas en derecho penal consultados en otros episodios similares han señalado que la presión mediática puede contaminar expedientes o terminar asociando a personas no involucradas, como ha ocurrido en casos resueltos por la justicia con resultados distintos a los que pedía la calle. La Fiscalía no investiga bajo presión de trending topics: investiga con pruebas, cadena de custodia y debido proceso.
Hay además un punto que el ruido político suele opacar: la protección posterior de los menores. El Icbf asumió la atención prioritaria, según reportó Infobae, pero la experiencia indica que el acompañamiento psicológico, la revisión de su entorno familiar y el seguimiento judicial se diluyen cuando el caso deja de ser noticia. Una política seria de protección a la infancia no se mide por la velocidad del comunicado, sino por la continuidad del cuidado.
Bogotá necesita menos indignación exprés y más institucionalidad sostenida. La condena pública es legítima; el proceso penal es otra cosa. Que la Fiscalía avance con rigor, que la administración distrital rinda cuentas sobre los protocolos activados y que el Congreso, tan activo en redes, destine el mismo ímpetu a discutir los proyectos de protección a la infancia que llevan años archivados. La defensa de los menores no puede depender de un caso viral: debe ser una política de Estado.