El 15 de junio de 2026, el presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en su cuenta de X en el que pidió a la Cancillería revisar los procedimientos de visado para ciudadanos estadounidenses que ingresan a Colombia. El detonante, según reportó El Colombiano, fue la captura de un ciudadano de Texas, identificado como Gail, señalado por las autoridades de agredir sexualmente a un menor de 7 años en un apartamento del sector de Navarra, localidad de Usaquén, al norte de Bogotá. De acuerdo con Migración Colombia, el extranjero habría ingresado al país el 6 de junio por el Aeropuerto Internacional El Dorado, en condición de turista, pocos días antes de su captura.
El caso, por la gravedad de los hechos denunciados, exige todo el rigor institucional. La Policía de Infancia y Adolescencia llegó al inmueble tras una denuncia ciudadana y encontró a tres menores, de 4, 7 y 15 años, que fueron trasladados a centros asistenciales y quedaron bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La directora del ICBF, Astrid Cáceres, confirmó que los menores están bajo protección institucional y que el proceso de adopción que el extranjero adelantaba se tramitaba a través de una “institución especializada y facultada”, no del ICBF. La Fiscalía, la Policía y los organismos de control deben avanzar en la investigación sin presiones políticas, y la justicia ordinaria debe determinar las responsabilidades individuales.
Lo que queda en duda es la pertinencia de la respuesta presidencial. En su publicación, Petro sostuvo, según la transcripción de El Colombiano, que la Cancillería debe examinar los mecanismos de ingreso de ciudadanos estadounidenses al territorio nacional, que “aquí somos soberanos” y cuestionó a sectores de Miami a los que atribuyó la pretensión de “convertirnos en un prostíbulo pervertido”. El punto que merece discusión no es si el Ejecutivo puede formular política migratoria —que es una competencia legítima—, sino si conviene mezclar dos planos que conviene mantener separados: la respuesta penal ante un hecho gravísimo, que corresponde a la Fiscalía y a los jueces, y la política de visados, que es competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores y debería formularse con estudios técnicos y no con declaraciones de indignación en redes sociales.
Como informó El Colombiano, el caso abrió interrogantes serios sobre la cadena de adopción que vinculaba al extranjero con los tres menores, no sobre la política de visas. El punto que las autoridades intentan esclarecer, según Colprensa, es cómo un turista con pocos días de estadía terminó a cargo de tres niños en Bogotá. Esa respuesta no la entrega una revisión general de visados, sino una investigación penal y un seguimiento estricto a las instituciones de adopción autorizadas. Traspasar el eje del debate tiene un costo: debilita el control que el Estado debe ejercer sobre los procedimientos de adopción y, al mismo tiempo, desplaza la atención hacia un simbolismo migratorio que no resuelve el caso.
La política migratoria con Estados Unidos tampoco se construye con declaraciones reactivas. Cualquier modificación a los requisitos de ingreso de extranjeros requiere un análisis de riesgo, coordinación con Migración Colombia, la DIAN y la Unidad de Información y Análisis Financiero, y un principio de proporcionalidad: las medidas deben dirigirse a conductas específicas, no a nacionalidades completas. Si el objetivo es prevenir que personas con antecedentes o en procesos de adopción lleguen al país para cometer delitos, existen instrumentos ya previstos en la normatividad: control migratorio reforzado, restricciones a la entrada por motivos de protección de la infancia y cooperación judicial con el país de origen.
Hay, además, un efecto internacional que conviene no subestimar. La relación consular y migratoria con Estados Unidos está reglada por acuerdos bilaterales y por prácticas de reciprocidad. ¿Qué pasa cuando las decisiones unilaterales generan represalias automáticas? Los colombianos que tramitan visas, estudian o trabajan en ese país pueden terminar pagando los costos de declaraciones que no pasaron por el filtro técnico correspondiente.
La pregunta que el gobierno debe responder no es si Colombia es soberana, sino por qué un ciudadano estadounidense pudo estar a cargo de tres menores pocos días después de ingresar al país y por qué el ICBF no aparece como la entidad que intermedió el proceso. Esa respuesta, y no el espectáculo de un debate sobre visas, es la que esperan los menores protegidos y la opinión pública.