¿Qué significa realmente que un país “innové” cuando sus instituciones permanecen atadas a la lógica del clientelismo y la burocracia preventiva?
José Fernando Flórez Ruiz, en un texto reciente para La República, lanza una metáfora elocuente: Colombia ha corrido la carrera de la innovación con los cordones desamarrados. La imagen no es meramente gráfica; es diagnóstica. Los cordones, en este caso, son las reglas del juego que vinculan el esfuerzo individual con la recompensa institucional, la inversión privada con la seguridad jurídica, la investigación académica con la aplicación productiva. Cuando estos lazos están flojos, el corredor tropieza consigo mismo. O peor: aprende a correr despacio, como única forma de no caer.
La tradición liberal clásica que intentamos cultivar en esta bitácora ha sostenido siempre que el progreso material es hijo de la libertad institucional, no de los planes maestros. Tocqueville observaba en la América del siglo XIX que la innovación brotaba no de la centralización administrativa sino de la multiplicidad de experimentos locales, cada uno asumiendo sus riesgos. La sociedad abierta de la que hablaba Karl Popper exige, como condición sine qua non, la posibilidad de equivocarse sin que el error sea confiscado por el Estado o castigado con la exclusión permanente. En Colombia, sin embargo, la innovación sigue siendo, mutatis mutandis, un asunto de ministerios, de convocatorias con pliegos inescrutables, de fondos concursables que premian la capacidad de redacción de proyectos antes que la demostración de resultados.
Flórez Ruiz no se limita al diagnóstico. Propone diez ideas concretas, y en ellas se percibe una intuición correcta: la innovación no se decreta, se facilita. Pero aquí surge la tensión central de nuestra reflexión. ¿Es suficiente facilitar cuando la estructura de incentivos permanece distorsionada? La pregunta no es retórica. La experiencia latinoamericana del último medio siglo ofrece abundantes ejemplos de programas de ciencia y tecnología que florecieron en los papeles y se marchitaron en la práctica. El caso chileno de CORFO, citado a menudo como modelo, funcionó no porque el Estado dirigiera la innovación sino porque supo retirarse oportunamente de espacios que la empresa privada podía ocupar con mayor eficiencia. La intervención estatal fue, en su momento álgido, instrumental y temporal; nunca se convirtió en res publica permanente.
Colombia, por el contrario, ha construido una arquitectura de fomento a la innovación que parece diseñada para perpetuarse a sí misma. Los centros de investigación dependen del flujo presupuestal estatal; las universidades públicas miden su producción científica por indicadores que no siempre traducen impacto económico; el sector privado, cuando innova, lo hace a menudo a pes del entorno, no gracias a él. El reciente impulso de nearshoring y la llegada de inversiones tecnológicas extranjeras han mostrado, eso sí, que el país posee capital humano exportable. Pero esa misma diáspora de talento —nuestros ingenieros en Silicon Valley, nuestros biólogos en laboratorios europeos— es señal de un sistema local que no sabe retener lo que produce.
Hannah Arendt distinguía con precisión entre el trabajo, que produce objetos de consumo, y la acción, que genera espacios de libertad compartida. La innovación, en su sentido pleno, es acción antes que trabajo: es la creación de condiciones donde lo nuevo pueda ser reconocido, probado, adoptado o rechazado por una comunidad que asume el riesgo colectivo de la novedad. Cuando el Estado colombiano habla de innovación, suele confundir ambas categorías. Piensa en términos de obra —el centro tecnológico, el parque científico, la convocatoria millonaria— y olvida que la innovación genuina requiere un agora donde los actores privados puedan confrontar ideas sin tutela preventiva.
El gobierno actual ha mostrado, en otros terrenos, una inclinación preocupante hacia la planificación central que hereda de tradiciones políticas ajenas al liberalismo institucionalista que defendemos. No nos corresponde aquí replicar esas críticas ya formuladas. Pero sí vale la pena señalar que la innovación es quizás el ámbito donde el intervencionismo resulta más contraproducente, precisamente porque sus frutos son, por definición, impredecibles. No se puede planificar lo que no se conoce. Popper lo advirtió contra el historicismo: la pretensión de predecir el curso de la historia conduce inevitablemente al autoritarismo, porque solo un poder centralizado puede imponer una única versión del futuro.
¿Qué queda, entonces, de las diez ideas de Flórez Ruiz? Mucho, en realidad, si se leen como invitación a desatar nudos antes que a atar nuevos programas. La simplificación regulatoria que propone, la apertura a la inversión extranjera, la flexibilidad en la contratación pública de tecnología: son medidas de laissez-faire institucional, no de fomento activo. En esa dirección, esta bitácora ha sostenido posiciones consistentes. Pero la pregunta que deja pendiente el texto, y que nosotros formulamos con toda claridad, es si una administración que concibe el Estado como motor de transformación social está dispuesta a asumir la modestia que la innovación genuina exige.
La historia de los países que lograron transitar del subdesarrollo productivo a la economía del conocimiento no es historia de planes quinquenales. Es historia de instituciones que aprendieron a no estorbar, de reglas de juego estables que permitieron que el fracaso individual no arrastrara al conjunto, de una sociedad civil que pudo experimentar sin permiso previo. Colombia tiene, en el texto de Flórez Ruiz, una oportunidad de conversación. Que no sea, una vez más, conversación de salón: la que se celebra en foros internacionales mientras los cordones siguen desamarrados, mientras el corredor sigue tropezando, mientras el milagro que invocamos permanece como promesa diferida.