La posesión de Keiko Fujimori como presidenta de Perú para el periodo 2026-2031 marca un hito simbólico y práctico en la región andina. Tras una década caracterizada por nueve cambios de mando y una parálisis decisional crónica, el retorno del apellido Fujimori al poder ejecutivo sugiere un viraje hacia el orden institucional y la seguridad ciudadana. Sin embargo, para Colombia y los mercados regionales, la verdadera señal no es el linaje político, sino la viabilidad de su agenda económica en un contexto de fragilidad fiscal y polarización legislativa.
Desde una perspectiva atlantista y pro-mercado, la llegada de Fujimori debe leerse menos como una restauración dinástica y más como un intento de corrección técnica tras años de improvisación estatal. Según reportó el medio Cambio, la nueva mandataria citó en su discurso de posesión cifras de la Contraloría General de la República del Perú que estiman en más de 24.000 millones de soles las pérdidas por ineficiencia pública durante 2023. Este diagnóstico resuena con fuerza en Bogotá, pues refleja el mismo cáncer de gasto ineficiente que aqueja a nuestras finanzas públicas. La pregunta para los inversionistas y socios comerciales no es ideológica, sino operativa: ¿tendrá la nueva administración el capital político para ejecutar esa simplificación estatal sin caer en el autoritarismo que marcó el gobierno de su padre?
Seguridad como precondición económica
El anuncio de que las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente operaciones de seguridad en zonas controladas por el crimen organizado es la medida más urgente y, a la vez, más delicada. Para la región andina, donde la extorsión y el narcotráfico han devenido en amenazas transnacionales que desbordan las capacidades policiales, este enfoque de mano dura institucionalizada resulta comprensible. El incendio reciente en el distrito limeño de La Victoria, vinculado a extorsiones y citado por la propia presidenta, ilustra cómo la inseguridad ya no es solo un problema de orden público, sino una barrera directa a la inversión y la formalización.
No obstante, la experiencia comparada nos obliga al escepticismo metodológico. En Ecuador, la militarización de la seguridad bajo el gobierno de Daniel Noboa ha mostrado resultados tácticos pero limitaciones estratégicas frente a estructuras criminales adaptativas. En Colombia, sabemos que la fuerza pública profesional es indispensable, pero insuficiente sin inteligencia financiera y reforma judicial. Si el gobierno de Fujimori convierte a los militares en una solución permanente y no transitoria, arriesgaría la legitimidad democrática y la cooperación internacional en derechos humanos, activos clave para el acceso a mercados occidentales y financiamiento multilateral.
La ecuación fiscal del salario mínimo
En materia económica, la decisión de elevar la remuneración mínima vital a 1.300 soles, acompañada de un bono compensatorio para micro y pequeñas empresas, revela la tensión inherente a su mandato. Es una medida socialmente necesaria en un país con alta informalidad, pero fiscalmente peligrosa. Los bonos compensatorios son, por definición, gastos transitorios que tienden a volverse permanentes o a generar déficits cuando se agotan los recursos extraordinarios.
Para los analistas de riesgo país, esta política constituye una prueba de fuego. Perú ha mantenido durante décadas una reputación de ortodoxía macroeconómica que le ha permitido acceder a crédito en condiciones favorables, incluso en medio del caos político. Si la nueva administración financiara este aumento mediante expansión monetaria o deterioro del déficit primario, la prima de riesgo andina podría revaluarse al alza, afectando indirectamente a Colombia. La sostenibilidad fiscal, mencionada como uno de sus siete objetivos de gobierno según la fuente original, debe materializarse en reglas claras y no solo en retórica de posesión.
Implicaciones para el eje Bogotá-Lima
La estabilidad peruana es un bien público regional. Un Perú funcional y seguro reduce los costos logísticos de la integración andina y mitiga los flujos migratorios desordenados que presionan nuestros sistemas de salud y educación. La primera mujer elegida por voto popular en Perú llega con un mandato dividido y una oposición que abandonó el recinto durante su juramento, lo que augura una gobernabilidad compleja.
Desde La Bitácora, celebramos el retorno de la competencia electoral legítima tras años de sucesiones constitucionales. Sin embargo, mantenemos la vigilancia analítica. El éxito de Fujimori no se medirá por su apellido ni por su género, sino por su capacidad para fortalecer el Estado de derecho sin instrumentalizarlo. Para Colombia, un Perú que logre equilibrar seguridad con libertades y gasto social con responsabilidad fiscal es el mejor escenario posible. Lo contrario sería un recordatorio de que, en los Andes, la inestabilidad siempre está a solo una mala decisión de distancia.