Más de veintisiete millones de peruanos acudieron a las urnas para elegir a su noveno mandatario en apenas diez años. El recuento oficial, que muestra a Keiko Fujimori con una ventaja marginal frente a Sánchez, y los conteos rápidos que sugieren un empate técnico, confirman una realidad ineludible: el electorado peruano está fracturado y agotado. Para los analistas de riesgo político en Bogotá, este escenario no es solo un asunto de política doméstica limeña, sino un sismo de baja intensidad que sacude los cimientos de la Alianza del Pacífico y la Comunidad Andina.
El costo macroeconómico de la ingobernabilidad
La sucesión ininterrumpida de crisis políticas, vacancias y cierres de Congreso ha tenido un precio cuantificable. Según proyecciones recientes del Fondo Monetario Internacional, el crecimiento potencial del Perú se ha visto recortado sistemáticamente por la incertidumbre gubernamental. Cuando un país pierde la capacidad de ejecutar inversión pública y ahuyenta la Inversión Extranjera Directa por la falta de reglas de juego claras, el daño trasciende sus fronteras.
Colombia y Perú comparten una arquitectura comercial vital. Somos socios en la Alianza del Pacífico, un bloque que nació con la promesa de integrarnos a las cadenas de valor del Asia-Pacífico. Sin embargo, la parálisis institucional de Lima ha limitado la ambición geopolítica original de este mecanismo. Un gobierno peruano débil, sin capital político para aprobar reformas estructurales o defender la independencia judicial, es un socio comercial impredecible que frena la integración profunda que requieren nuestras economías.
Alertas para la seguridad y la migración regional
Desde la perspectiva de la seguridad hemisférica, la debilidad institucional peruana genera externalidades negativas directas para Colombia. La porosidad de las fronteras y la incapacidad del Estado peruano para controlar a las economías criminales en regiones como el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) facilitan el tránsito de cocaína hacia los puertos del Pacífico. Esto presiona nuestra propia lucha contra el narcotráfico y deteriora la imagen de seguridad regional frente a Washington y Bruselas.
A esto se suma el factor migratorio. Perú alberga a la segunda comunidad de desplazados venezolanos más grande del continente. Un estancamiento económico prolongado en territorio peruano, derivado de este empate electoral y la consecuente parálisis legislativa, podría reactivar flujos migratorios secundarios. La cooperación bilateral en materia de inteligencia y control fronterizo requiere un interlocutor en Lima con autoridad real sobre su fuerza pública, algo que la fragmentación política actual no garantiza.
El dilema institucional: ni salvadores ni vacíos de poder
El empate técnico entre Fujimori y Sánchez refleja el rechazo transversal a las opciones disponibles, más que una adhesión programática. El fujimorismo arrastra el lastre de su historial de cooptación institucional y su tendencia a utilizar el aparato estatal para beneficio faccioso. Por otro lado, las alternativas que surgen como reacción a este legado a menudo carecen de equipos técnicos y terminan coqueteando con el populismo redistributivo o con alianzas tácticas con la izquierda radical.
Como defensores del Estado de derecho y el libre mercado, en La Bitácora observamos con preocupación esta dicotomía. La región andina no necesita mesías que prometan mano dura a costa de la separación de poderes, ni asambleas constituyentes que destruyan la seguridad jurídica. Necesita aburrida y predecible institucionalidad. Mientras el Jurado Nacional de Elecciones define los últimos porcentajes, la verdadera derrota ya es evidente: la ausencia de un proyecto de nación. Para Colombia, la tarea diplomática será blindar la agenda comercial y de seguridad, asumiendo que, gane quien gane, gobernará con el freno de mano puesto.