La decisión del Servicio Geológico Colombiano (SGC) de elevar a nivel naranja la alerta del volcán Puracé no es únicamente un aviso técnico sobre sismicidad y desgasificación; constituye una prueba de estrés inmediata para la institucionalidad local del Cauca. En un país donde la gestión del riesgo suele ser reactiva, este cambio de estado obliga a medir la preparación efectiva de los municipios en zona de influencia directa. Para Colombia, y en particular para el eje andino suroccidental, la actividad volcánica no es un evento aislado, sino un factor estructural de riesgo soberano que interactúa con variables fiscales, logísticas y de seguridad.
La dimensión económica de la amenaza
Desde la perspectiva del análisis de riesgo político y económico, una erupción en el complejo volcánico Puracé tendría implicaciones que van más allá de la evacuación preventiva. Esta zona es crítica para la conectividad vial entre Popayán y La Plata (Huila), y su interrupción afectaría cadenas de suministro agrícola y flujos turísticos que ya operan bajo márgenes reducidos. Según registros históricos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y estimaciones del Departamento Nacional de Planeación, los costos de respuesta a eventos volcánicos en Colombia han representado, en promedio, entre el 0,1 % y el 0,3 % del PIB regional en las zonas afectadas durante el año posterior al evento.
El desafío central no es solo el costo directo de la emergencia, sino la capacidad fiscal de los municipios para absorberlo sin depender exclusivamente de transferencias nacionales. De acuerdo con los indicadores de desempeño fiscal del Ministerio de Hacienda, muchos territorios en zona de amenaza presentan niveles bajos de autonomía, lo que limita su capacidad para ejecutar planes de contingencia robustos o reubicaciones preventivas. Cuando se declara la calamidad pública, se activan recursos nacionales, pero la velocidad de desembolso y la ejecución eficiente dependen de la calidad institucional local. Aquí radica la verdadera vulnerabilidad: no en la magnitud potencial de la erupción, sino en la asimetría entre la amenaza geológica y la fortaleza administrativa territorial.
Institucionalidad comparada y seguridad
En clave regional, la zona andina colombiana enfrenta desafíos similares a los de Ecuador o Chile, pero con diferencias marcadas en gobernanza subnacional. Mientras que en Chile la Oficina Nacional de Emergencia opera con protocolos estandarizados y financiamiento preasignado por ley, en Colombia la gestión del riesgo sigue siendo altamente dependiente de la voluntad política y la capacidad técnica variable de cada administración municipal. El SGC cumple un rol técnico impecable al emitir alertas tempranas basadas en evidencia científica, como se confirma en el reporte reciente de La República, pero la traducción de esa alerta en acción estatal eficaz es responsabilidad de otras entidades.
Este episodio también debe leerse en clave de seguridad hemisférica. El sur del Cauca ha sido históricamente una zona de alta complejidad por la presencia de grupos armados ilegales que disputan el control territorial. Una emergencia volcánica podría exacerbar vulnerabilidades sociales si los protocolos de evacuación y albergue no consideran estas dinámicas de conflicto. La experiencia comparada en Centroamérica muestra que los desastres naturales en zonas de baja institucionalidad suelen ser aprovechados por actores criminales para consolidar control social mediante la provisión paralela de ayuda humanitaria. Por ello, la respuesta estatal debe ser integral, combinando protección civil con presencia institucional legítima.
Lecciones para la planificación regional
Para los inversionistas y analistas que monitorean el clima de negocios en la región andina, la alerta del Puracé sirve como recordatorio de que el riesgo geológico debe estar incorporado en los modelos de evaluación de proyectos de infraestructura y desarrollo territorial. No basta con mapear amenazas; es necesario cuantificar la resiliencia institucional. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y bancos multilaterales han insistido en que la inversión en adaptación al cambio climático y gestión del riesgo en Latinoamérica debe priorizar el fortalecimiento de capacidades locales sobre la mera construcción de obras físicas.
Colombia tiene la oportunidad de usar esta coyuntura para ajustar sus mecanismos de financiación del riesgo. Instrumentos como los bonos catastróficos o los fondos de aseguramiento paramétrico, ya explorados en otros países de la Alianza del Pacífico, podrían ofrecer liquidez inmediata a municipios sin esperar la declaratoria de calamidad. La ciencia del SGC indica qué puede pasar; la economía política determina si estamos preparados para que ocurra. La diferencia entre un evento manejable y una catástrofe humanitaria no la define el volcán, sino la calidad de nuestras instituciones.