La reactivación del volcán Puracé, con emisiones de ceniza y acumulación de energía magmática a menos de tres kilómetros de profundidad, no es solo un evento geológico. Es una prueba de estrés para la institucionalidad colombiana en un momento donde la gestión del riesgo compite con narrativas políticas y tensiones territoriales. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha sido claro al mantener la alerta amarilla, pero también al advertir que el sistema evoluciona y podría escalar. Para Colombia, y específicamente para el eje andino que conecta a Popayán con la infraestructura crítica del sur, la respuesta ante este fenómeno define la credibilidad del Estado más allá de los discursos.
La técnica como bien público
En medio de la polarización nacional, la vigilancia volcánica sigue siendo uno de los pocos reductos donde la tecnocracia funciona con autonomía relativa. Los datos del SGC sobre el aumento de dióxido de azufre (SO₂) y dióxido de carbono (CO₂), así como las anomalías térmicas y la deformación del terreno entre los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, son insumos objetivos que no admiten interpretación ideológica. Esta capacidad técnica es un activo estratégico que debemos blindar.
Desde una perspectiva de política pública comparada, la región andina ofrece lecciones valiosas. Ecuador, con el monitoreo constante del Cotopaxi y el Tungurahua, ha logrado integrar la ciencia vulcanológica con planes de ordenamiento territorial vinculantes, aunque no exentos de fricciones sociales. Chile, por su parte, mantiene estándares de referencia mundial en el Observatorio Vulcanológico de los Andes del Sur (OVDAS), donde la comunicación del riesgo está desligada de la coyuntura electoral. Colombia, a través del SGC y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), posee capacidades similares, pero su eficacia depende de que la cadena de mando respete los protocolos técnicos sin interferencias.
El peligro latente en el Cauca no es solo el magma. Es la tentación de instrumentalizar la emergencia para validar o deslegitimar agendas gubernamentales. Si la alerta amarilla se convierte en herramienta de propaganda o si la evacuación preventiva se negocia con actores armados o líderes locales al margen de la ley, se pierde la esencia de la gestión del riesgo: la protección de la vida basada en evidencia. La institucionalidad debe prevalecer sobre la coyuntura.
Infraestructura y conectividad regional
El Puracé no está aislado. Su actividad impacta directamente la conectividad de la región andina y, por extensión, la logística nacional. La dispersión de ceniza, que ya alcanza los 2.100 metros sobre el cráter según los registros recientes, puede afectar la aviación regional, el transporte terrestre por la vía Panamericana y la agricultura de altura en el Cauca y Huila. En un país donde el comercio interior depende de corredores viales frágiles, una erupción mayor tendría costos económicos inmediatos que superarían la capacidad de respuesta local.
Desde Bucaramanga, observamos con preocupación cómo la infraestructura del sur del país ha sufrido un deterioro silencioso en la última década. La inversión en adaptación al riesgo volcánico no es gasto social, es mantenimiento de activos productivos. Según proyecciones de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cada dólar invertido en prevención de desastres en zonas andinas ahorra entre cuatro y siete dólares en reconstrucción. Sin embargo, esta lógica económica choca con la realidad fiscal y con la priorización política que suele favorecer obras nuevas sobre el mantenimiento de lo existente.
La reactivación del Puracé nos recuerda que la geografía impone condiciones que ningún decreto puede modificar. La relación entre Bogotá y las regiones andinas debe trascender la transferencia de recursos y enfocarse en la construcción de capacidades locales sostenibles. Esto implica fortalecer a los consejos municipales de gestión del riesgo, garantizar que los planes de contingencia estén actualizados y financiados, y asegurar que la fuerza pública pueda garantizar la seguridad de los equipos técnicos y de las comunidades en zonas complejas.
Soberanía y responsabilidad estatal
Como analista escéptico tanto de las intervenciones externas interesadas como de la soberanía entendida como coartada para la inacción, sostengo que la gestión del riesgo volcánico es la expresión más pura de la soberanía responsable. Un Estado que no puede proteger a sus ciudadanos de amenazas naturales predecibles carece de legitimidad funcional, independientemente de su retórica patriótica o de sus alianzas internacionales.
La alerta amarilla del Puracé es una oportunidad para demostrar que el Estado de derecho funciona también en la montaña. No se trata de militarizar la respuesta ni de centralizar decisiones que corresponden al conocimiento local, sino de articular una respuesta jerarquizada donde la ciencia dicte los tiempos y la política facilite los recursos. Si el gobierno actual acierta en mantener la independencia técnica del SGC y en coordinar con la UNGRD sin proselitismo, será un acierto que desde este medio reconoceremos. Si, por el contrario, la emergencia se subordina a la narrativa del conflicto o a la disputa territorial, el costo lo pagarán las comunidades del Cauca y la credibilidad institucional del país.
La región andina merece una gestión del riesgo a la altura de su complejidad. El Puracé nos está dando el aviso; corresponde a la institucionalidad colombiana responder con la sobriedad y la eficacia que exige la protección de la vida y la estabilidad regional.