El cierre del dólar a $3.207,45 el pasado 29 de julio confirma una tendencia que debería celebrarse con cautela en los pasillos del Ministerio de Hacienda y encender las alarmas en los gremios exportadores. Si bien la apreciación del peso colombiano refleja una estabilidad macroeconómica relativa y una volatilidad cambiaria contenida en 4,03%, este movimiento no es producto de un fortalecimiento endógeno de nuestra productividad, sino de factores externos y coyunturas fiscales locales. Para una economía que depende críticamente de la venta de materias primas y servicios al exterior, un tipo de cambio real que se contrae sin una mejora paralela en eficiencia es, en esencia, un impuesto oculto a la competitividad.
El ancla externa y la calma doméstica
La dinámica actual responde a dos vectores claros. En el frente internacional, la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) mantuvo su tasa de interés en el rango de 3,50% a 3,75%, señalando que la inflación estadounidense sigue por encima de la meta del 2% debido a choques de oferta. Esta decisión, aunque restrictiva, fue interpretada por los mercados emergentes como menos agresiva de lo temido, permitiendo un respiro para monedas como el peso colombiano. La proyección de analistas sugiere que, si la inflación subyacente en EE. UU. continúa cediendo, el dólar podría profundizar su corrección hacia niveles de $3.150 o $3.200 en el corto plazo.
En el ámbito local, la radicación del proyecto de ley que reglamenta la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) actuó como un catalizador de estabilidad transitoria. Al definir reglas de juego sobre la distribución de recursos entre la Nación y los territorios, el Gobierno redujo momentáneamente la prima de riesgo político asociada a la incertidumbre fiscal. Sin embargo, esta calma es frágil. La reglamentación del SGP resuelve un problema de asignación presupuestal, pero no corrige los desequilibrios estructurales del gasto ni garantiza que los nuevos recursos se traduzcan en inversión productiva. El mercado premia la claridad normativa, pero castiga la insostenibilidad fiscal a mediano plazo.
La paradoja de la revaluación
Aquí yace el verdadero desafío para la política económica colombiana. Como bien ha advertido María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, un dólar más barato tiene dos caras: abarata la importación de bienes de capital y tecnología, pero erosiona los ingresos en pesos de los exportadores. En un contexto donde los costos laborales, energéticos y logísticos nacionales siguen una trayectoria ascendente, la revaluación comprime márgenes y amenaza la viabilidad de sectores que ya operan en condiciones de estrés.
No podemos seguir dependiendo de la tasa de cambio como variable de ajuste de nuestra competitividad. Cuando el dólar estaba por encima de $4.000, se pospusieron reformas estructurales bajo la excusa de que el tipo de cambio compensaba las ineficiencias. Hoy, con la divisa en $3.200, esas ineficiencias quedan al desnudo. La energía costosa, la infraestructura vial deficiente, la inseguridad en las zonas productivas y la lentitud aduanera son barreras que ningún tipo de cambio favorable puede subsanar de manera permanente. De hecho, la apreciación actual hace más urgente, no menos, la agenda de reducción del costo país.
Riesgos geopolíticos y tarea pendiente
La proyección de estabilidad cambiaria está condicionada a la evolución del conflicto geopolítico global. Una desescalada en Medio Oriente favorecería a las monedas emergentes, mientras que una nueva tensión podría revertir rápidamente la tendencia apreciativa, independientemente de los datos macroeconómicos. Colombia, como tomadora de precios y riesgos, debe blindarse internamente.
La lección para Bogotá es clara: administrar el dólar es imposible y contraproducente; lo que sí podemos y debemos administrar es la competitividad. Se requieren herramientas de acompañamiento inmediato a los exportadores, especialmente aquellos sin incentivos tributarios, para evitar la pérdida de mercados conquistados con esfuerzo. Pero más allá de los paliativos, la agenda público-privada debe enfocarse en reducir trámites, garantizar seguridad jurídica y bajar los costos de producción. Solo así, cuando el ciclo externo se revierta —y lo hará—, la economía colombiana podrá sostenerse por sus fundamentos y no por la volatilidad de la divisa estadounidense.