La tragedia no distingue alineaciones políticas ni retórica diplomática. Cuando la tierra se mueve en Venezuela, la respuesta inmediata de Colombia no puede ni debe estar condicionada por las fricciones ideológicas entre Bogotá y Caracas. Los diecinueve connacionales reportados como desaparecidos y los noventa y dos repatriados mediante el puente aéreo humanitario de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) nos recuerdan una verdad operativa que a menudo se pierde en el debate público: la vecindad geográfica impone responsabilidades que trascienden los ciclos electorales y las posturas partidistas.
Desde una perspectiva atlantista y pro-mercado, es tentador analizar esta crisis únicamente como un riesgo migratorio o una variable de inestabilidad regional. Sin embargo, lo que estamos presenciando con el despliegue del equipo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR COL-1) y el envío de más de doce toneladas de ayuda es algo más valioso para nuestros intereses nacionales: la validación de nuestra capacidad estatal profesional. En un hemisferio donde la politización de la ayuda humanitaria se ha convertido en moneda corriente, la actuación técnica de Colombia marca una diferencia sustancial frente a otros actores regionales.
Profesionalismo técnico sobre retórica
Es fundamental contextualizar la magnitud de esta operación. El equipo USAR COL-1 no es un grupo ad hoc; es una unidad certificada bajo estándares internacionales que opera con protocolos de la Organización Internacional de Búsqueda y Rescate (INSARAG). Su presencia en territorio venezolano, superando las 72 horas críticas de operación y ejecutando más de quince misiones en estructuras colapsadas, envía una señal clara a Washington y Bruselas: Colombia mantiene estándares operativos de primer mundo independientemente de quién ocupe la Casa de Nariño o el Palacio de Miraflores.
Esta distinción es vital. Mientras otros socios regionales utilizan la asistencia como herramienta de propaganda o la niegan por soberanía mal entendida, Colombia actúa con pragmatismo institucional. La coordinación reportada por la Cancillería con las instituciones venezolanas para el monitoreo de desaparecidos y la expedición de pasaportes de emergencia en el Consulado de Caracas demuestra que los canales técnicos funcionan incluso cuando los políticos se tensan. Para un inversionista extranjero o un aliado estratégico, esta predictibilidad en medio del caos es un activo de seguridad nacional tan importante como cualquier tratado comercial.
La vecindad como imperativo estratégico
No podemos ignorar que la estabilidad de Venezuela es un componente directo de la seguridad colombiana. El sismo y las inundaciones subsecuentes, que ya provocaron el colapso de infraestructura crítica como puentes, exacerban la fragilidad de un Estado vecino. Cada falla en la respuesta venezolana tiene un efecto dominó en nuestras fronteras: flujos migratorios desordenados, presión sobre nuestros sistemas de salud y oportunidades para economías ilícitas que explotan el vacío institucional.
Por ello, la asistencia colombiana no es caridad; es gestión de riesgos. Al facilitar el retorno seguro de connacionales y apoyar la estabilización de zonas afectadas, estamos conteniendo externalidades negativas que, de otro modo, terminaríamos pagando con creces en seguridad y gasto social. Es un enfoque que difiere del paternalismo asistencialista y también del aislacionismo cínico. Se trata de una política exterior realista, anclada en la defensa de nuestros intereses nacionales mediante el fortalecimiento de capacidades técnicas.
Lecciones para la política hemisférica
Este episodio nos deja una lección para la relación con el eje Washington-Brasilia. La cooperación en desastres es uno de los pocos espacios donde la convergencia es posible y necesaria, incluso con regímenes complejos. Estados Unidos y la Unión Europea observan cómo Colombia gestiona esta crisis no solo por solidaridad, sino como termómetro de nuestra confiabilidad como socio regional. Mantener esta línea de profesionalismo, separando la asistencia humanitaria de la validación política del régimen receptor, es la única vía sostenible.
La alegría de los repatriados al pisar suelo colombiano es legítima y conmovedora, pero detrás de ese alivio hay una maquinaria estatal que funciona. En tiempos de polarización, defender esa institucionalidad técnica es tan patriótico como cualquier discurso. La Bitácora ha sido crítica del uso instrumental del Estado, pero cuando la fuerza pública y la cancillería actúan con este nivel de competencia y humanidad, el reconocimiento es obligatorio. Es la prueba de que, pese a todo, Colombia sigue siendo un Estado funcional capaz de proyectar estabilidad en un vecindario turbulento.