La decisión del Gobierno nacional de movilizar un avión de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) para repatriar a 47 connacionales desde Venezuela, tras la tragedia sísmica que ya supera los 1.700 fallecidos, es una medida correcta y necesaria. En un contexto donde la relación bilateral ha estado marcada más por la ideología que por la pragmatidad técnica, esta operación demuestra que la protección consular y la asistencia humanitaria deben permanecer blindadas frente a las oscilaciones políticas. Sin embargo, este gesto aislado no debe confundirse con una política de Estado consolidada hacia nuestro vecino.
Como analista que ha seguido de cerca la integración hemisférica y los mecanismos de cooperación, veo en este vuelo una oportunidad para medir la temperatura real de nuestra capacidad institucional. No se trata solo de traer a casa a quienes lo solicitaron, sino de entender qué tan preparados estamos para escenarios de mayor complejidad en una frontera que comparte riesgos geológicos, migratorios y de seguridad.
La ayuda humanitaria como termómetro institucional
Es fundamental reconocer el acierto operativo. En momentos de desastre natural, la distinción entre regímenes debe ceder paso a la solidaridad básica y a la obligación constitucional de proteger a los nacionales en el exterior. Que la FAC haya desplegado sus activos con celeridad valida la profesionalización de nuestra fuerza pública, un pilar que desde La Bitácora hemos defendido siempre frente a intentos de politización o desmantelamiento. La logística militar colombiana sigue siendo un referente regional y su uso en misiones de este tipo refuerza su legitimidad democrática y social.
No obstante, la cifra de 47 repatriados, aunque significativa en lo humano, es modesta si se compara con la magnitud del desastre venezolano y con el flujo histórico de movilidad entre ambos países. Esto plantea interrogantes sobre los protocolos de identificación y registro consular en territorio vecino. ¿Cuántos colombianos más requieren asistencia y no han podido manifestarlo por fallas en la red consular o por temor a las autoridades locales? La opacidad institucional venezolana dificulta cualquier censo preciso, pero nuestra responsabilidad es mantener canales abiertos y verificables, más allá de la retórica de hermandad bolivariana que a menudo sustituye a la cooperación técnica efectiva.
Más allá del gesto: la necesidad de protocolos binacionales
La gestión de riesgos en la región andina no puede depender de reacciones ad hoc. Los terremotos en Venezuela son un recordatorio de nuestra vulnerabilidad compartida. Según datos históricos de la Servicio Geológico Colombiano y organismos internacionales, la falla de Boconó y otros sistemas tectónicos afectan a ambos lados de la frontera. La respuesta actual, si bien loable, evidencia la ausencia de mecanismos permanentes de coordinación civil y militar para emergencias transfronterizas.
Desde una perspectiva pro-mercado y atlantista, la estabilidad regional es un bien público esencial para el comercio y la inversión. Un vecino en colapso permanente o en crisis recurrente genera externalidades negativas que ningún tratado de libre comercio puede mitigar por sí solo. La repatriación es un componente de la gestión migratoria, pero debe ir acompañada de estrategias de desarrollo fronterizo que reduzcan la dependencia de los flujos ilícitos y fortalezcan la economía formal en departamentos como Norte de Santander, Arauca y La Guajira.
Además, este evento nos obliga a revisar el estado de la cooperación internacional. Mientras Colombia actúa con sus propios recursos, la respuesta multilateral ha sido tibia, en parte por la fatiga de los donantes y en parte por las restricciones políticas al acceso humanitario en Venezuela. Es momento de que Bogotá, en coordinación con Washington y Bruselas, impulse marcos de asistencia técnica que desvinculen la ayuda humanitaria de la condicionalidad política, sin renunciar a la exigencia de estándares democráticos. La soberanía no puede ser un escudo para la ineficiencia estatal ante desastres naturales.
El equilibrio entre pragmatismo y principios
Celebramos el regreso seguro de estos 47 colombianos. Es un recordatorio de que el Estado funciona cuando se apega a su misión esencial. Pero también es una advertencia: la próxima crisis podría ser de mayor escala y requerir una respuesta que trascienda la capacidad de un solo vuelo militar. Necesitamos una política exterior hacia Venezuela que combine la firmeza en la defensa del Estado de derecho con la flexibilidad operativa para salvar vidas.
El gobierno actual acierta en la ejecución de esta repatriación. Nuestro rol como sociedad y como prensa es asegurar que este acierto no sea flor de un día, sino el cimiento de una arquitectura de seguridad y cooperación regional resiliente, profesional y alejada del populismo. La tragedia venezolana duele en Colombia; la mejor forma de honrar ese vínculo es con instituciones sólidas, no con discursos.