El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al occidente colombiano el pasado 10 de agosto ha activado una respuesta humanitaria inmediata, pero también ha puesto en evidencia las costuras más débiles de nuestra arquitectura institucional y fiscal. La declaración de desastre nacional y la solicitud formal de asistencia internacional fueron pasos necesarios y correctos. Sin embargo, la rapidez con la que el Programa Mundial de Alimentos (PMA) tuvo que movilizar recursos propios y reasignar partidas ya comprometidas señala algo que va más allá de la tragedia natural: Colombia carece de un colchón financiero robusto para emergencias de esta escala en territorios donde el Estado ya era ausente.
La agencia de la ONU anunció una inyección inicial de 23 millones de dólares para asistir a 100.000 personas durante tres meses, utilizando tanto canastas físicas como transferencias monetarias. Esta distinción operativa no es menor. En ciudades intermedias como Pereira, Manizales y Cali, se priorizarán bonos canjeables para dinamizar el comercio local; en el Chocó, la ayuda será en especie debido al colapso de mercados y vías. Es una respuesta técnica y pragmática, alejada de la retórica, pero que depende críticamente de donantes externos porque la capacidad de respuesta autónoma del Estado colombiano está mermada.
Asistencia humanitaria sobre vulnerabilidad crónica
Es imperativo entender que este sismo no golpeó sobre una tabla rasa. Golpeó sobre una herida abierta. Según datos citados por el propio PMA, el 31% de la población en Chocó y el 29% en Valle del Cauca ya padecían inseguridad alimentaria moderada o severa antes del 10 de agosto. Estas cifras, que reflejan años de conflicto armado, confinamientos y abandono estatal, convierten al desastre natural en un multiplicador de pobreza estructural.
Desde una perspectiva de riesgo político y desarrollo económico, esto es alarmante. La resiliencia de un territorio no se mide solo por sus códigos de construcción sismorresistente, sino por su capital social y económico previo. Cuando una comunidad ya vive al límite de la subsistencia, cualquier choque exógeno —sea climático, telúrico o de seguridad— la empuja hacia la dependencia crónica. La ayuda del PMA cubre, según sus estimaciones, el 80% de las necesidades alimentarias inmediatas en los sectores más afectados. Pero ese 20% restante, sumado a la necesidad de reconstrucción de medios de vida a mediano plazo, requiere una inversión pública que hoy luce incierta.
La estrategia de usar transferencias monetarias en zonas urbanas es acertada desde la teoría económica: evita la distorsión de precios locales y empodera al beneficiario. No obstante, su éxito depende de que la infraestructura comercial y financiera siga funcionando. En el Eje Cafetero, esto es viable. En las cuencas fluviales del Pacífico, donde la logística depende de embarcaciones y la presencia institucional es intermitente, la distribución física sigue siendo la única opción real. Esto nos recuerda que la integración de mercados en Colombia sigue siendo incompleta y que la brecha entre la Colombia andina y la Colombia periférica determina quién recibe ayuda en días y quién en semanas.
El costo de la improvisación fiscal
Un dato que debería generar preocupación en el Ministerio de Hacienda y en los gremios productivos es que, antes de este terremoto, el PMA ya enfrentaba un déficit de financiación de 20 millones de dólares para sus operaciones regulares en el país. La agencia ha tenido que redirigir recursos de programas de desarrollo a largo plazo para atender la emergencia. Esto es un síntoma de un problema mayor: la cooperación internacional no puede ser el sustituto permanente de la política pública nacional en gestión del riesgo.
Colombia es una economía de ingreso medio alto según el Banco Mundial, y sin embargo, sigue dependiendo de llamados urgentes a donantes para responder a catástrofes recurrentes. Esto no es un juicio moral, es un indicador de eficiencia estatal. Los países atlántistas y pro-mercado que mejor han gestionado riesgos en la región, como Chile o Costa Rica, cuentan con fondos de estabilización y seguros soberanos paramétricos que se activan automáticamente ante desastres, reduciendo la incertidumbre fiscal y la dependencia de la discrecionalidad política o la caridad externa.
La solidaridad internacional es bienvenida y necesaria en estas primeras 72 horas críticas. Pero la verdadera prueba para el gobierno y para la oposición responsable vendrá después. Se necesitará transparencia absoluta en la ejecución de estos recursos, coordinación civil-militar profesional para garantizar el acceso a zonas remotas sin politizar la ayuda, y, sobre todo, una reflexión seria sobre cómo financiar la reconstrucción sin sacrificar la regla fiscal ni endeudar a las futuras generaciones para tapar huecos que debieron prevenirse.
El director del PMA en Colombia, Nils Grede, hizo un llamado a la sociedad civil a donar. Es un gesto noble y necesario. Pero como analistas de políticas públicas, nuestro llamado es a la institucionalidad: la ayuda humanitaria salva vidas hoy, pero solo una estrategia de desarrollo territorial con músculo fiscal propio evitará que el próximo desastre requiera, nuevamente, pedir socorro al mundo.