La tragedia sísmica en Venezuela, con dos movimientos superiores a 7,0 grados en escala de Richter, impone a Colombia una obligación humanitaria ineludible. La propuesta del presidente Gustavo Petro de incrementar la ayuda, enviar maquinaria y construir viviendas para connacionales afectados es moralmente correcta y geopolíticamente necesaria. Sin embargo, como analista que ha seguido la erosión institucional venezolana durante dos décadas, advierto que la buena voluntad no sustituye a la capacidad estatal. La asistencia colombiana debe ejecutarse con un pragmatismo que proteja tanto a las víctimas como al contribuyente nacional, evitando que la emergencia se convierta en un cheque en blanco para un régimen cuya opacidad es estructural.
La realidad operativa supera la retórica
El mandatario ha identificado carencias críticas: faltan 800 máquinas amarillas, equipos forenses y soporte psicosocial. Estas cifras, si se confirman, reflejan el colapso de la infraestructura pública venezolana tras años de desinversión. No obstante, la logística de la ayuda enfrenta barreras que la solidaridad no derriba. El aeropuerto de Maiquetía permanecerá cerrado a vuelos comerciales hasta agosto o septiembre, según reconoció el propio gobierno colombiano. Esto obliga a canalizar la ayuda por vías terrestres o marítimas en un contexto donde la seguridad física de los insumos y del personal colombiano no está garantizada.
Además, la solicitud de agilizar visados para ciudadanos de origen árabe varados en Venezuela introduce una variable migratoria compleja que desborda el marco de la atención por desastres. Si bien es un gesto humanitario válido, debe procesarse con los filtros de seguridad habituales. La región andina ya gestiona flujos migratorios sin precedentes; abrir excepciones en medio de una crisis, sin protocolos claros de verificación biométrica y antecedentes, podría generar riesgos de seguridad que luego recaerán sobre las autoridades colombianas. La compasión no debe reñir con la responsabilidad estatal.
Transparencia como condición de la cooperación
El punto más delicado de la propuesta presidencial es la construcción de viviendas para colombianos en territorio venezolano. Esta iniciativa, aunque noble, choca contra la ausencia de Estado de derecho en el país vecino. ¿Quién garantizará la propiedad de esos inmuebles? ¿Qué entidad auditará los contratos de construcción? ¿Cómo se asegura que las viviendas no sean expropiadas o asignadas discrecionalmente por el aparato político local una vez superada la emergencia?
La experiencia regional enseña que la ayuda internacional a regímenes autoritarios termina siendo cooptada si no se canaliza a través de organismos multilaterales o entidades técnicas verificables. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) tienen protocolos para operar en entornos de baja gobernanza. Colombia debería insistir en que cualquier transferencia de recursos o ejecución de obras pase por estos mecanismos, o al menos por una veeduría binacional con participación de la sociedad civil independiente. Entregar maquinaria o fondos directamente a ministerios venezolanos sin contrapesos es financiar la ineficiencia y, potencialmente, la corrupción.
El equilibrio entre vecindad y prudencia fiscal
El presidente Petro reconoce que Colombia atraviesa una “coyuntura fiscal compleja” y un proceso de empalme gubernamental. Esta honestidad es bienvenida, pero insuficiente. El Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación deben cuantificar el costo real de esta ayuda antes de comprometer partidas. En un momento donde el déficit fiscal colombiano requiere ajustes y la confianza inversionista es frágil, cada peso destinado al exterior debe tener un retorno medible en estabilidad regional o protección de nacionales.
La responsabilidad con la comunidad colombiana en Venezuela es innegable. Según estimaciones de Migración Colombia y la Cancillería, cientos de miles de connacionales residen allí, muchos en condiciones de vulnerabilidad extrema. Abandonarlos a su suerte sería una falla ética y estratégica. Pero protegerlos no significa suplantar al Estado venezolano ni asumir cargas que corresponden a la comunidad internacional en su conjunto. Washington, Bruselas y los organismos financieros multilaterales deben ser parte activa de esta respuesta, no solo como donantes, sino como garantes de que la ayuda cumpla su propósito humanitario sin fortalecer estructuras autoritarias.
Colombia actúa correctamente al liderar la respuesta regional. Pero el liderazgo exige más que empatía; demanda diseño institucional, condicionalidad técnica y una evaluación fría de los riesgos. La vecindad con Venezuela es un destino geográfico, pero la forma de gestionarla es una decisión política que debe equilibrar el corazón con la cabeza. En esta emergencia, como en tantas otras, la diferencia entre una ayuda efectiva y un gesto estéril radica en los detalles operativos y en la firmeza de los principios democráticos que sustentan nuestra propia estabilidad.