El presidente Gustavo Petro solicitó a la Cancillería revisar los procedimientos de ingreso al país para ciudadanos estadounidenses, según reportó Infobae Colombia a partir de mensajes publicados por el mandatario en su cuenta de X. La solicitud, formulada como una decisión de “soberanía”, se produce en un momento sensible de la relación bilateral y llega acompañada de afirmaciones de extrema gravedad que, hasta donde se conoce, no fueron respaldadas con evidencia documental.
El marco normativo vigente no parece haber cambiado. La Resolución 5488 de 2022 y la Resolución 3717 de 2023 de la Cancillería permiten hoy el ingreso de titulares de pasaporte estadounidense sin visa para estancias de hasta noventa días calendario, cuando la actividad no implique recibir pagos o salarios en Colombia. Para residencia permanente, el extranjero debe tramitar una Visa tipo R, que exige, entre otros requisitos, cinco años continuos de permanencia legal con visa de migrante, vínculo matrimonial o hijos colombianos, o inversiones significativas. El presidente no anunció modificación alguna de esas resoluciones; pidió, en sus palabras, que la Cancillería “examine los procedimientos”.
Hasta ahí, el anuncio podría leerse como un ejercicio rutinario de revisión administrativa. Lo que cambia el carácter del episodio es el contenido de los mensajes en los que se enmarcó la solicitud. Infobae Colombia transcribió de la cuenta oficial del presidente frases en las que se sostiene, entre otras afirmaciones, que “tanta ignorancia producida con dinero desde Miami” impediría razonar “sobre la vida y nuestros hijos”, y que deberían establecerse “visas de sanidad” para evitar que ciudadanos estadounidenses presuntamente involucrados en explotación sexual de menores ingresen al país. Se trata de afirmaciones de extrema gravedad que, formuladas desde la cuenta oficial de un jefe de Estado, no pueden quedar como retórica.
Cuando un presidente atribuye a la ciudadanía de un país entero conductas sistemáticas de un delito específico, la carga de la prueba no se satisface con un trino. Correspondería, como mínimo, una denuncia formal ante la Fiscalía, cifras de Migración Colombia sobre casos detectados y solicitudes de cooperación judicial a Washington por los canales diplomáticos ordinarios. Ninguno de esos pasos aparece en lo reportado por Infobae Colombia. Lo que hay es una afirmación masiva sin respaldo documental, lanzada en una red social, que el medio reprodujo sin que conste confirmación de autoridad judicial alguna.
La soberanía migratoria es, por lo demás, una potestad que Colombia ya ejerce. El país exige visa a ciudadanos de varias naciones, incluidos algunos socios comerciales, y puede ampliar o restringir requisitos sin que ello constituya ruptura con el principio de reciprocidad. La reciprocidad, sin embargo, opera en dos direcciones: si Colombia endurece unilateralmente el ingreso de estadounidenses, debe estar dispuesta a asumir el costo en turismo, inversión y negocios binacionales, sectores que dependen en buena medida del flujo de visitantes norteamericanos.
El episodio deja a la Cancillería en una posición institucional incómoda. ¿Asume el pedido presidencial y abre un conflicto diplomático innecesario, o lo matiza y queda en entredicho ante la opinión? Cualquiera de los dos caminos tiene costos. Lo prudente habría sido que la revisión técnica —si la Cancillería considera que debe hacerse— se adelantara por los canales competentes, con criterios de política exterior y sin condicionamientos retóricos.
Hay, además, un riesgo material que conviene no subestimar. Las relaciones con Washington inciden en procesos de deportación, cooperación en seguridad y negociaciones comerciales en curso. Difundir acusaciones colectivas contra ciudadanos de un aliado estratégico, sin evidencia atribuida a autoridad competente, debilita la posición negociadora del país justo cuando más se necesita una diplomacia profesional. ¿La defensa de la soberanía requiere insultos y acusaciones masivas? Esta columnista considera que no: requiere instituciones fuertes, procedimientos técnicos y comunicación responsable.