Rodrigo Londoño, identificado en la nota de Caracol Radio como el último comandante de las extintas FARC y firmante del Acuerdo de 2016, envió una carta al movimiento Defendamos la Paz en la que formaliza su respaldo a la candidatura de Iván Cepeda para la segunda vuelta. El documento es inusual por la mezcla de adhesiones y críticas en un mismo texto, y conviene leerlo por capas.
La primera es estrictamente electoral. Según la transcripción de Caracol Radio, Londoño escribió que “dudar o hacer dudar en este momento nos pierde” y pidió “agotas todas las iniciativas posibles, buscar limar asperezas donde estas puedan existir, hacer claridades donde veamos confusión”. Es un llamado a cerrar filas en un electorado que la propia misiva reconoce dividido, con la fecha de la segunda vuelta como horizonte inmediato.
La segunda capa es la de los reparos. La misma nota registra tres señalamientos puntuales al gobierno de Gustavo Petro: la decisión de no abrir un capítulo sobre el Acuerdo Final en el Plan Nacional de Desarrollo, las presuntas humillaciones verbales y físicas que enfrentarían firmantes dentro de la Unidad Nacional de Protección, y la inobservancia de una instrucción de la Corte Constitucional sobre la apertura de una mesa de trabajo. Se trata de quejas atribuidas por Caracol Radio a Londoño, no a este columnista. La enumeración es relevante porque coloca, en el mismo documento que respalda la continuidad del Pacto Histórico, cuestionamientos a la ejecución de lo pactado en La Habana.
La tercera capa es la que más se ha citado fuera de contexto. La nota transcribe la frase textual: “en ningún otro Gobierno habíamos avanzado más en función de atacar las causas estructurales que han generado la violencia en Colombia”. Es un respaldo formulado en el mismo párrafo en que se critican aspectos puntuales de esa misma gestión. La coexistencia de ambas afirmaciones en un solo texto plantea una pregunta que el firmante no despeja: ¿cómo se pondera un saldo global positivo con incumplimientos que el propio suscriptor del Acuerdo califica como “inconsistencias, egocentrismo, improvisaciones”, también textuales según Caracol Radio?
Hay un dato de contexto que la carta vuelve relevante. Si las afirmaciones sobre la mesa de trabajo ordenada por la Corte Constitucional son correctas, lo que estaría sobre la mesa no es un incumplimiento retórico sino una desatención documentada de un mandato judicial. La implementación del Acuerdo de 2016 se mide en capítulos presupuestales del Plan Nacional de Desarrollo, en autos de seguimiento con sus plazos vencidos, y en las condiciones de seguridad de los firmantes en la UNP. Son verificadores institucionales, no declaraciones de intención.
La elección que enfrenta el electorado que mira el proceso de paz, según la misma cobertura, no es entre dos modelos explícitos. Es entre dos formas de relacionarse con lo firmado en 2016. La candidatura rival, según recogió Caracol Radio en otra nota, ha planteado una agenda de expansión del fracking que el Acuerdo aborda como zona de transición. La continuidad del Pacto Histórico, por su parte, arrastra las quejas que la propia carta documenta. ¿Cuál de las dos ofertas garantiza mejor la ejecución de los compromisos con la reincorporación? Es la pregunta que esta segunda vuelta pone sobre la mesa, aunque casi ningún actor la esté formulando en esos términos.
La candidatura de Cepeda hereda, con este respaldo, una obligación adicional. Quienes voten por él pensando en la defensa del Acuerdo exigirán, con razón, resultados verificables y no cartas de intención. La diferencia entre una paz defendida en el papel y una paz ejecutada en el presupuesto es, al fin, la prueba que esta segunda vuelta pone sobre la mesa. Y es una prueba que, según la propia misiva, el gobierno saliente no alcanzó a aprobar.