Con el 93,3% de las mesas contabilizadas, el candidato izquierdista Roberto Sánchez alcanzaba 50,0% de los votos y superaba a Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial de Perú, según el reporte de La República con corte a la tarde del 7 de junio. Más de 27,3 millones de peruanos estaban habilitados para votar en un balotaje que se anticipaba cerrado y que, al cierre de esta columna, inclinaba la balanza hacia el bloque liderado por Sánchez.
Lo que ocurre en Lima no es un asunto doméstico. En la última década, los ciclos electorales peruanos han funcionado como termómetro de la región andina: el ascenso de Pedro Castillo en 2021, la fallida intentona de disolver el Congreso, la crisis de gobernabilidad que siguió y el interinato de Dina Boluarte ocurrieron con la atención puesta en cómo esos movimientos se proyectaban sobre Ecuador, Bolivia y Colombia. Esta vuelta no es la excepción.
Sánchez llega a esta definición tras una primera vuelta en la que quedó segundo, con un discurso que combina crítica al modelo extractivo, demanda de reforma constitucional y distancia explícita de la candidatura de Verónika Mendoza. Fujimori, por su parte, capitalizó el voto de rechazo al gobierno de Boluarte y el respaldo del fujimorismo histórico, pero no logró consolidar el electorado de centro ni capturar el voto antimercado que se había fragmentado en la primera vuelta.
Para Colombia, la lectura tiene al menos tres capas. La primera es comercial. Perú es el tercer socio comercial de Colombia en la región y con quien se comparten esquemas de integración andina. Un giro en la política económica peruana —particularmente en sectores minero, pesquero y agroindustrial— altera las balanzas de acceso y la dinámica de inversión cruzada. La segunda es migratoria. La frontera sur colombiana, en Putumayo y Amazonas, ya registra flujos vinculados a la crisis política peruana de los últimos años. Una reconfiguración del Ejecutivo en Lima suele ordenar esos flujos en uno u otro sentido. La tercera es ideológica. Un gobierno de Sánchez en Lima se sumaría a los gobiernos de Gustavo Petro en Bogotá y de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, consolidando un eje progresista con el que Petro ha buscado alineamiento, no siempre con resultados diplomáticos estables.
Hay, sin embargo, un dato que conviene no pasar por alto. Fujimori no ha sido judicialmente equiparable a una figura proscripta en esta elección: compitió, hizo campaña y llegó al balotaje. La narrativa de fraude o de proscripción que acompañó otros procesos peruanos no aparece, hasta ahora, en este ciclo. Eso, en sí mismo, es una buena noticia institucional para la región, y vale la pena registrarlo sin adjetivos.
La columna vertebral de esta elección es la misma que se debate en Colombia desde 2022: el tamaño del Estado, el rol del sector extractivo, la relación con Estados Unidos y con China, y los límites de la protesta social. Sánchez, según los reportes de La República, ha centrado su propuesta en una nueva Constitución y en una renegociación de los contratos extractivos. Fujimori, en estabilidad y continuidad del modelo actual. Los peruanos definirán, y el resto de los países andinos observarán el resultado con una mezcla de pragmatismo comercial y cálculo político.
Por lo pronto, en Bogotá la Cancillería debería estar atenta a tres movimientos concretos en las próximas semanas: la composición del gabinete de quien resulte ganador, las primeras señales sobre la eventual reforma constitucional peruana y el tono de la relación con Washington. Cualquiera de los tres condiciona la agenda bilateral.
Una elección se entiende cuando se mira el resultado, pero se explica por lo que vino antes. Perú acaba de escribir un capítulo más de una década de inestabilidad democrática. Cómo lo cierre esta noche, y los primeros cien días del gobierno que se conforme, marcarán la pauta regional. A Colombia le corresponde leerlo con atención, no con entusiasmo ni con alarma.