Colombia enfrenta hoy una jornada electoral bajo dos amenazas concretas que no son simétricas ni intercambiables: el colapso del control territorial en municipios clave y la instrumentalización del aparato estatal para favorecer al candidato oficialista.
Estas dos variables no son accesorias. Determinan si el resultado que emerja de las urnas será reconocido como legítimo por los perdedores y, más importante, si el ganador podrá gobernar con autoridad institucional.
El primer problema es territorial. Donde grupos armados ilegales ejercen coacción sobre votantes, no hay elección libre. No es polarización; es ausencia de Estado. La Fiscalía y la Procuraduría tienen documentadas las presiones de estructuras criminales en departamentos como Cauca, Nariño y Putumayo. Estas no son denuncias de campaña: son reportes de autoridades. Cuando el voto está condicionado por la amenaza, el resultado pierde legitimidad democrática, independientemente de quién gane.
El segundo problema es institucional. Un presidente que usa recursos del Estado, despliegues de funcionarios y cadenas nacionales de radio para promover un candidato específico viola el deber de neutralidad que le impone la Constitución. No es opinión; es violación de norma. La Registraduría Nacional tiene competencia para verificar estas conductas. Lo que importa es que se verifiquen con rigor, no que se ignoren.
Ambos problemas erosionan legitimidad. Si gana la izquierda sin resolver estos déficits, sus críticos tendrán argumentos para cuestionar el mandato. Si gana la derecha, el oficialismo tendrá argumentos para denunciar fraude. Ninguno de esos argumentos será infundado si las condiciones de libertad y equidad no se garantizaron antes.
La polarización es real, pero no es el problema de fondo. La polarización es síntoma. El problema es que las instituciones que arbitran la competencia electoral —la Registraduría, la Fiscalía, la Procuraduría, los jueces electorales— no tienen credibilidad suficiente para certificar que el proceso fue limpio. Eso no es culpa de los votantes. Es responsabilidad del Estado.
¿Qué debería ocurrir ahora? Primero, que la Registraduría produzca reportes públicos sobre presencia de grupos armados en centros de votación durante la jornada. Segundo, que la Procuraduría investigue con celeridad cualquier denuncia de uso de recursos públicos en campaña. Tercero, que los candidatos asuman un compromiso explícito de respetar los resultados, sin condiciones.
El tercero es lo más frágil. Cuando un candidato o un presidente siembran dudas preventivas sobre la integridad del proceso —como ha ocurrido con la narrativa de “posible fraude”— crean un colchón de deslegitimación que funciona independientemente del resultado. Si pierden, dicen que fue fraude. Si ganan, sus críticos dicen lo mismo. El sistema se paraliza.
Eso no es democracia. Es captura de la democracia por la desconfianza institucional.
Lo que está en juego hoy no es solo quién gobierna los próximos cuatro años. Es si Colombia mantiene un acuerdo mínimo sobre las reglas del juego electoral. Ese acuerdo ya está agrietado. Las urnas no lo van a reparar. Solo las instituciones pueden hacerlo, y solo si actúan con independencia y rigor.
Los ciudadanos que voten hoy merecen saber que su voto cuenta en condiciones de libertad. Eso no se improvisa en la mañana de la elección. Se construye en meses de garantías institucionales, neutralidad estatal y respeto por los árbitros electorales.
Si eso no ocurrió, ningún resultado será completamente legítimo, sin importar el margen de victoria.