La transición de gobierno dejó sobre la mesa un debate técnico que merece menos trinos y más cifras. La Ley 2568 de 2026, que modificó parcialmente la Ley 30 de 1992, sustituyó el Índice de Precios al Consumidor por el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) como mecanismo de ajuste anual de los presupuestos de las universidades oficiales y vinculó de manera progresiva la inversión al crecimiento del Producto Interno Bruto. Esa es la base normativa sobre la que Viviane Morales, ministra de Educación designada por Abelardo De La Espriella, anticipó que el nuevo gobierno deberá “entregar un nuevo método para determinar la financiación de las universidades públicas”, según reportó Publimetro.
El presidente Gustavo Petro reaccionó en X y calificó el anuncio como “grave”, al interpretar que la próxima administración pretende “suspender, para recortar gastos, el derecho a la educación”. El mandatario defendió la fórmula vigente y sostuvo que la nueva ley habría permitido adicionar 450.000 cupos frente a los existentes al cierre del periodo de Iván Duque, además de la apertura de facultades de medicina gratuita en La Guajira. Petro llamó, además, a “padres abelardistas” a defender las reformas sociales y advirtió sobre un eventual regreso del Esmad a los campus.
Morales respondió por la misma vía y atribuyó la reglamentación a un trámite “puramente administrativo y legal” que, según dijo, el propio gobierno saliente reconoció al impulsar un proyecto de decreto desde el Ministerio de Educación. Esa respuesta deja dos preguntas sin resolver.
Primero, qué pasará con el ICES. La ley vigente ordena que el ajuste de los presupuestos universitarios se indexe a un indicador de costos del sector y no a la inflación general. Si la reglamentación entrante redefine ese indicador o lo sustituye por otro mecanismo, las 32 universidades oficiales del país enfrentarían un cambio en la base de cálculo de sus transferencias. El Ministerio de Educación, la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún) y el Sistema Universitario Estatal (SUE) deberían publicar, antes del 7 de agosto, una proyección comparada del impacto fiscal de mantener el ICES frente a alternativas como el IPC o un índice mixto.
Segundo, qué ocurrirá con la cláusula de crecimiento atada al PIB. La Ley 2568 vinculó la inversión a la variación del producto, lo que en años de desaceleración —como los que anticipan las proyecciones del Banco Mundial para 2026— podría traducirse en una menor asignación real por estudiante. Una eventual suspensión de esa regla, sin compensaciones equivalentes, comprometería la sostenibilidad de plantas docentes, infraestructura y programas de bienestar universitario.
La autonomía universitaria, reconocida por la Corte Constitucional en sentencias como la T-406 de 1992 y la C-220 de 1997, exige que cualquier modificación al esquema de financiación se discuta con rectores, consejos superiores y representantes estudiantiles, no exclusivamente en la cuenta de X de un ministro. El Consejo Nacional de Educación Superior (Cesu) y el Ministerio saliente tienen la obligación de entregar, antes del cambio de gobierno, un informe técnico sobre el estado de la reglamentación.
El debate no es ideológico: es presupuestal. La pregunta de fondo es si Colombia sostendrá la expansión de matrícula registrada en los últimos cuatro años o si volverá a un esquema de financiación insuficiente, como el que rigió entre 1992 y 2022. Resolverlo exige publicar el decreto pendiente, abrir mesas técnicas con el SUE y entregar cifras comparadas al Congreso. Lo demás es ruido.
Como reportó Publimetro, la controversia entre Petro y Morales dejó más dudas que certezas. Esas dudas tienen respuesta posible: basta con abrir los datos.