El presidente Gustavo Petro publicó el 8 de julio en su cuenta de X un mensaje en el que mezcla balance de gestión con un llamado a la ciudadanía. Según reportó El Frente de Bucaramanga, el jefe de Estado sostuvo que la Ley 2568 de febrero de 2026 —norma que sustituyó el IPC por el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) como referencia para el incremento presupuestal de las universidades públicas— garantiza la expansión de la cobertura y pidió a estudiantes y familias respaldar las reformas sociales de su Gobierno.
El dato central que cita el presidente es un aumento de 450.000 cupos para el próximo semestre frente a los existentes en la administración anterior. La cifra, en caso de verificarse en los reportes del Ministerio de Educación y del SNIES, representaría el salto de cobertura más alto de las últimas décadas. Petro agregó que la nueva ley permitió abrir programas de medicina gratuita en La Guajira y otras regiones con déficit de talento humano en salud.
La alerta, sin embargo, se dirige hacia adelante. El presidente afirmó —siempre según el medio citado— que el anuncio del gobierno electo sobre “reformar el modelo de financiación” de las universidades públicas implicaría suspender, “para recortar gastos, el derecho a la educación en plena expansión”. Esa interpretación del mensaje del próximo Gobierno, atribuida al presidente saliente, abre un choque de modelos: de un lado, una indexación al ICES que reconoce los costos reales de operar laboratorios, pagar docentes y mantener infraestructura; del otro, una promesa de austeridad fiscal que, en la lectura del mismo Petro, comprometería la sostenibilidad financiera de las instituciones.
El punto técnico merece atención. Durante más de tres décadas, la base de cálculo fue el IPC, un indicador diseñado para medir la variación de precios al consumidor —alimentos, arriendos, transporte— y no los costos específicos del sector educativo. El desfase crónico entre ambos índices explica buena parte del deterioro presupuestal de las universidades públicas, documentado en repetidos informes de la Contraloría y del Sistema Universitario Estatal. Sustituir el IPC por el ICES no resuelve por sí solo el problema estructural de fondo, pero corrige la metodología de actualización.
Ahora bien, una ley promulgada este año no queda blindada por el hecho de que su autor la defienda en redes sociales. La transición de mando abre un escenario concreto: el próximo Gobierno podría, en ejercicio de sus facultades, impulsar una nueva reforma que modifique la base de cálculo, los criterios de asignación o el ritmo de incremento de los aportes. El Congreso que se posesione será el escenario donde esa disputa se resuelva —o se estanque.
Hay un segundo aspecto que conviene no pasar por alto. El presidente escribió que las reformas de su administración “fueron para el pueblo y deben defenderse”, y convocó a la ciudadanía a respaldar la universidad pública. La pregunta razonable es si una reforma legal se legitima mejor en el Congreso, en los tribunales y en la opinión pública con argumentos técnicos, o si requiere otro tipo de movilización para sostenerse en el tiempo.
El contraste entre el debate presupuestal serio y el cierre retórico del mensaje —“quieren apagar la luz del conocimiento, la linterna de Diógenes”— ilustra la diferencia de registros. Mientras el próximo Gobierno deberá presentar cifras concretas sobre el costo fiscal de mantener la indexación al ICES y las metas de cobertura que pretende sostener o ajustar, el presidente saliente optó por la imagen literaria. La universidad pública necesita menos linternas y más partidas ejecutadas.
La discusión que viene será técnica y presupuestal. La pregunta de fondo es si Colombia está dispuesta a sostener, con recursos estables y reglas claras, la expansión de la educación superior pública que el propio Gobierno saliente presenta como su principal legado social. La respuesta no la dará un trino: la dará el Presupuesto General de la Nación de 2027.