La victoria electoral de Abelardo de la Espriella marca el fin de la tensión diplomática con Estados Unidos que caracterizó al gobierno de Gustavo Petro. La felicitación inmediata de Donald Trump y la declaración del secretario de Estado Marco Rubio sobre una cooperación estrecha confirman que Bogotá vuelve a ser un aliado prioritario en la agenda hemisférica. Sin embargo, desde una perspectiva de política exterior basada en intereses y no en afectos, es necesario advertir que esta nueva etapa no será un cheque en blanco ideológico, sino una relación estrictamente transaccional donde la supervivencia política del nuevo mandatario dependerá de su capacidad para entregar resultados tangibles en seguridad y control migratorio.
Los límites de la afinidad ideológica
Es innegable que existe una sintonía cultural y política entre el presidente electo colombiano y la administración republicana. La defensa de valores conservadores, la crítica a la agenda progresista global y la preferencia por el sector privado crean un piso de entendimiento que facilita la comunicación. No obstante, la historia reciente de las relaciones interamericanas demuestra que la simpatía personal no blinda a los aliados latinoamericanos ante la lógica de “America First”. Trump valora a sus socios en función de su utilidad inmediata para resolver problemas domésticos estadounidenses: flujo de fentanilo, migración irregular y contención de adversarios geopolíticos.
Para Colombia, esto implica que la luna de miel tendrá fecha de caducidad si no se traduce en métricas verificables. La expectativa de Washington, como lo han señalado analistas de la Universidad de la Sabana, es que Bogotá asuma un rol más activo y punitivo contra el narcotráfico. El riesgo para De la Espriella radica en importar fórmulas de confrontación directa, similares a las usadas recientemente en el Caribe contra narcolanchas, sin adaptarlas a la complejidad territorial colombiana. Una erradicación forzada masiva o una militarización sin contexto social podría reducir los cultivos en el corto plazo —satisfaciendo a la DEA— pero desestabilizar regiones enteras en el mediano plazo, generando crisis humanitarias que paradójicamente aumentarían la presión migratoria hacia la frontera norte.
El dilema de la soberanía jurídica y el caso Saab
El aspecto más delicado de esta realineación no es operativo, sino institucional. La solicitud pública de De la Espriella para que funcionarios estadounidenses investiguen a figuras políticas locales, aunque popular en ciertos sectores, establece un precedente peligroso para la independencia judicial colombiana. En un Estado de derecho, la cooperación internacional debe canalizarse a través de tratados de asistencia legal mutua y fiscalías autónomas, no mediante señales políticas en redes sociales. Normalizar la intervención externa en disputas partidistas internas debilita la institucionalidad que, precisamente, el nuevo gobierno dice querer fortalecer frente al populismo anterior.
A esto se suma la sombra de Alex Saab. El hecho de que el presidente electo haya sido abogado defensor del empresario vinculado al régimen de Maduro crea una asimetría informativa que Washington difícilmente ignorará. Aunque la reciente extradición de Saab a Estados Unidos demuestra la capacidad de coerción de Trump en la región, el vínculo profesional pasado de De la Espriella con el caso lo coloca en una posición de vulnerabilidad. No se trata de asumir culpabilidad, sino de reconocer que en una relación transaccional, cualquier deuda pendiente o conflicto de interés percibido se convierte en palanca de negociación. Si los resultados en seguridad flaquean, el expediente Saab podría reactivarse no como asunto judicial, sino como instrumento de presión diplomática.
Diversificación como seguro de vida
La estrategia correcta para la nueva administración no es el alineamiento incondicional, sino la convergencia selectiva. Colombia debe aprovechar la ventana de oportunidad para reactivar mecanismos de cooperación técnica, acceso a mercados y transferencia tecnológica que se enfriaron en el cuatrienio anterior. Pero simultanear esa cercanía con Washington requiere mantener activos los vínculos con la Unión Europea y el Reino Unido, socios que valoran la estabilidad institucional y el respeto al Estado de derecho tanto como la eficacia en seguridad.
Depender exclusivamente de la Casa Blanca reduce el margen de maniobra de Bogotá. Si la política exterior colombiana se convierte en un espejo de la estadounidense, perderemos la capacidad de diseñar soluciones propias para problemas propios. La afinidad con Trump es un activo táctico valioso tras años de aislamiento, pero la estrategia de Estado debe seguir siendo la defensa del interés nacional colombiano, no la validación de una agenda externa. La luna de miel es bienvenida, pero en geopolítica, como en los mercados, solo se sostienen las relaciones que generan valor mutuo y respetan los contratos institucionales.