La Misión de Observación Electoral (MOE) presentó este 19 de junio el dispositivo de observación más amplio de sus veinte años de trabajo para la segunda vuelta presidencial. Según reportó Portafolio, la organización acreditó 2.638 personas observadoras articuladas con 34 coordinaciones regionales, con presencia en 445 municipios que, de acuerdo con la propia MOE, concentran el 77 por ciento del potencial electoral del país. La entidad identificó 386 municipios en situación de riesgo y anunció que cubrirá 203 de ellos con equipos conformados por 1.879 personas.
El componente internacional también es relevante. Portafolio documentó que la MOE cuenta con 348 personas de 31 nacionalidades: 201 observan el proceso en el exterior desde el 15 de junio, distribuidas en 50 ciudades de 26 países, y 147 se ubicarán en Bogotá y en nueve departamentos del territorio nacional. La organización también dispondrá de 81 personas trans y no binarias para vigilar el Protocolo de Voto Trans en cinco ciudades principales, y de 15 personas observadoras con discapacidad para hacer seguimiento a accesibilidad en varias ciudades y municipios del país.
El dato que más debería preocupar a las autoridades es el balance de reportes. Según la información publicada por Portafolio y atribuida por la MOE a su subdirector Frey Alejandro Muñoz, con corte al mediodía del 18 de junio se habían registrado 1.045 reportes por posibles irregularidades en el proceso presidencial, de los cuales 85 corresponden al periodo de la segunda vuelta. Las alertas se concentran, de acuerdo con la misma fuente, en tres frentes: posibles afectaciones al voto libre con 34 reportes (40 por ciento), asociados sobre todo a presuntas presiones a electores en entornos laborales; irregularidades en publicidad y medios con 25 reportes (29 por ciento), por difusión de propaganda fuera de plazos legales y campañas de desinformación; e irregularidades en la función pública con 19 reportes (22 por ciento), por presuntas participaciones indebidas de servidores públicos y uso de recursos o cargos con fines electorales.
La magnitud del despliegue y el volumen de alertas abren una pregunta institucional que va más allá de la jornada electoral. ¿Qué proporción de esos 34 casos de presuntas presiones en entornos laborales llegará a la Fiscalía? ¿Cuántos de los 19 reportes por uso indebido de la función pública terminarán en sanciones disciplinarias de la Procuraduría? ¿Cuál será la respuesta del Consejo Nacional Electoral frente a las 25 alertas por publicidad y propaganda fuera de los plazos legales? Sin trazabilidad de las autoridades competentes, el mapa de alertas de la MOE corre el riesgo de convertirse en un registro sin consecuencias.
Como recordó a Portafolio la directora de la MOE, Alejandra Barrios Cabrera, la transparencia electoral es una tarea que la sociedad civil sostiene desde hace dos décadas. La observación, la denuncia y el reporte son funciones de organizaciones como la MOE. La investigación, el juzgamiento y la sanción son funciones del Estado. La jornada del 19 de junio será también una prueba de fuego para la capacidad de respuesta institucional frente a irregularidades que la propia Misión ha puesto sobre la mesa con cifras, fechas y nombres de departamentos.
Una democracia no se mide solo por la cantidad de observadores desplegados ni por el número de reportes registrados, sino por la velocidad y el rigor con que las autoridades procesan esas alertas. La MOE cumplió su parte. Ahora corresponde responder a la Fiscalía, a la Procuraduría y al Consejo Nacional Electoral.