La Misión de Observación Electoral (MOE) presentó ante la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral un balance inquietante sobre las condiciones de seguridad en la campaña presidencial. Según reportó la directora de la organización, Alejandra Barrios, se han documentado 63 hechos de violencia distribuidos en 21 departamentos, dirigidos contra infraestructura y actividades de diferentes candidaturas.
Los incidentes incluyen ataques a sedes de campaña, daños a propaganda electoral y obstáculos para la realización de movilizaciones. Las candidaturas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda concentran la mayoría de los reportes. Medellín, Bogotá y Bucaramanga emergen como puntos críticos de concentración de estos hechos.
El contexto electoral explica parcialmente la vulnerabilidad. En la última semana previa a las votaciones, las restricciones normativas prohíben eventos masivos en espacios públicos, obligando a las campañas a operar desde sedes cerradas. Esta limitación convierte esos lugares en objetivos estratégicos y, simultáneamente, en espacios de difícil vigilancia. La MOE solicitó expresamente reforzar las medidas de protección en estas instalaciones.
Más allá del vandalismo físico, la organización alertó sobre dos fenómenos adicionales que erosionan las condiciones de competencia electoral. Primero, el aumento de denuncias sobre participación indebida de funcionarios públicos en actividades políticas. No se trata únicamente del uso instrumental de bienes y recursos del Estado, sino de intervenciones públicas que, según Barrios, podrían alterar las condiciones de competencia. Este es un tema de orden institucional: la neutralidad de la administración en procesos electorales es un principio básico del Estado de derecho.
Segundo, la MOE documentó crecimiento en violencia digital, particularmente contra mujeres con liderazgo político y periodistas. La Fundación para la Libertad de Prensa ha reportado agresiones presuntamente promovidas o amplificadas desde sectores políticos y por funcionarios con posiciones de poder. Este fenómeno representa una amenaza directa a la calidad del debate democrático.
El panorama que emerge es fragmentado pero consistente: hay indicios de violencia física descentralizada, posible interferencia estatal en la campaña y violencia digital coordinada. No se trata de un único foco de desestabilización, sino de múltiples puntos de presión sobre las reglas de juego electoral.
Lo que requiere atención institucional inmediata es la capacidad de respuesta. Las autoridades de seguridad tienen la responsabilidad de investigar y prevenir la violencia contra candidatos y sus estructuras. La Procuraduría debe escrutar la conducta de funcionarios públicos. Los organismos electorales deben documentar y reportar. Y el Ministerio Público debe actuar cuando existan indicios de delito.
La MOE cumple un rol de alerta temprana. Que la organización presente estos datos una semana antes de las elecciones no es un acto de campaña política: es un diagnóstico sobre la salud de los procesos democráticos. Ignorar estas advertencias sería un error institucional grave.
Las elecciones presidenciales de 2026 se realizan bajo presión. La pregunta que debe responderse en los próximos días no es si hay violencia electoral, sino si las instituciones tienen capacidad y voluntad para contenerla.