¿Qué convierte una celebración deportiva en escenario de muerte? La pregunta no es retórica. El 8 de junio, mientras Junior levantaba el título de la Liga BetPlay, Johan Alexander Leal, de 22 años, moría apuñalado cerca de la estación Estadio del metro de Medellín. Según lo reportado por Noticias Caracol y registrado por Infobae Colombia, testigos indicaron que el joven, seguidor del equipo barranquillero, fue atacado tras ser identificado como simpatizante del rival. La policía lo trasladó al Hospital San Vicente Fundación, donde falleció a consecuencia de las lesiones. El hecho no puede reducirse a la lógica del “hooliganismo” importado. En Colombia la violencia futbolera tiene raíces distintas, más cercanas a la fragmentación territorial y a la crisis de autoridad que a la tradición inglesa de las barras bravas.
Los números del desastre son elocuentes. Más de doce personas resultaron heridas. Se impusieron dieciséis comparendos y se efectuaron tres detenciones por hurto y daño en bien ajeno. Hubo intervención de la Sijín, uso de pólvora, peleas en tribunas occidental, norte y oriental, invasión de campo, y el ataque a Juan José Peláez —comentarista cuya cabina fue irrumpida— con captura posterior del presunto agresor, según comunicó el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa. La Secretaría de Seguridad repudió los hechos y pidió convivencia pacífica, como se pide lo que no se logra imponer. Tras el partido de ida, además, el bus de Atlético Nacional fue atacado en Barranquilla, lo que ya había elevado la tensión previa a la definición.
Hannah Arendt, en Sobre la violencia, distinguía entre poder y violencia: el poder surge de la acción concertada de muchos; la violencia, del silencio o la ausencia de ese poder. ¿Dónde reside el poder institucional cuando un estadio de fútbol se convierte en territorio de riesgo vital? La respuesta incomoda: reside en los discursos, no en los hechos. Llevamos décadas de “planes de seguridad” que se evaporan con el pitido inicial. La fuerza pública interviene, sí, pero para contener, no para prevenir. La distinción no es menor. Contener es reactivo; prevenir exige una inteligencia que articule fiscalía, policía, clubes, barras organizadas y, sobre todo, una política de Estado que trascienda los ciclos electorales.
Tocqueville observaba en la América del siglo XIX que las asociaciones civiles —incluidas las deportivas— eran escuelas de ciudadanía. En Colombia, desgraciadamente, ciertos espacios asociativos han degenerado en escuelas de tribalismo. No culpo al fútbol: culpo la ausencia de mediaciones institucionales que canalicen la pasión colectiva hacia formas no destructivas de pertenencia. Cuando el Estado delega la seguridad en los operativos del día del partido, sin abordar las redes de comercialización de entradas, sin regular las barras, sin sancionar con rigor a los clubes responsables de sus hinchas, está abdicando de su función republicana.
La seguridad ciudadana es competencia local, pero la coordinación nacional, los recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Vigilancia, la política criminal del Ministerio de Justicia, son ámbitos donde la omisión también es política. ¿Es exagerado preguntarse si la misma fragilidad institucional que permite la muerte de un hincha en Medellín guarda parentesco con la que deja líderes sociales sin protección en zonas rurales, o con la que abandona a los jóvenes de comunas urbanas en manos de estructuras ilegales? La pregunta incómoda, formulada con la prudencia que amerita, no admite respuesta fácil. Lo que sí resulta evidente es que la ilegalidad prospera donde la ley no llega con fuerza preventiva, sino con condolencias posteriores.
La oposición, por su parte, tampoco debe instrumentalizar la tragedia. La indignación selectiva —la que estalla con un muerto en estadio y se silencia con los de cada fin de semana en barrios periféricos— es otra forma de complicidad. La coherencia exige que defendamos la vida en todas sus circunstancias, no solo cuando las cámaras la captan.
El fútbol colombiano necesita, res publica mediante, una intervención que vaya más allá del cerco policial. Los clubes deben asumir responsabilidad civil por los actos de sus hinchas organizados. La Dimayor debe dejar de ser un gremio de reparto de derechos televisivos para convertirse en autoridad reguladora con dientes. Y el Estado, en todos sus niveles, debe entender que la seguridad no es gasto sino inversión en el contrato social.
Johan Alexander Leal tenía 22 años. No volverá a ver una final, ni a discutir un arbitraje, ni a celebrar un gol. Su muerte nos interpela no como hinchas de uno u otro equipo, sino como ciudadanos de una república donde la diferencia todavía mata. La pregunta que deja su cuerpo en la vía pública, cerca de la estación Estadio, es ineludible: ¿somos capaces de construir espacios comunes donde la pasión no requiera sangre para demostrarse? La respuesta, por ahora, sigue pendiente.