Una investigación periodística de Noticias Caracol, replicada por Infobae Colombia, reordenó el debate sobre los acercamientos entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia. Según la denuncia periodística, el entonces comisionado de paz Danilo Rueda habría ofrecido reducir operaciones militares y depurar oficiales como condición previa a la formalización de los acercamientos. Hasta el momento, el Ejecutivo no ha presentado una versión pública y documentada que contradiga punto por punto lo revelado.
En diálogo con una cadena radial colombiana, el abogado Ricardo Giraldo, representante jurídico del EGC desde marzo de 2023, sostuvo que no le consta la autenticidad de los audios. Agregó que, de comprobarse su veracidad, configurarían un incumplimiento del Gobierno, porque las operaciones militares contra esa estructura no cesaron. Sus declaraciones fueron registradas por Infobae Colombia en la pieza firmada por Jhon Bernal.
Lo que está en juego no es la autenticidad de un audio ni la credibilidad de un abogado. Es el método con el que el Estado administra un eventual proceso con un grupo armado ilegal. Un procedimiento de esa naturaleza no puede sustituirse por grabaciones filtradas y declaraciones cruzadas. Exige actas, compromisos públicos cuando no comprometan la seguridad, veeduría institucional y trazabilidad de los funcionarios que participan en la mesa. Sin esos soportes, el país queda a merced de la palabra de las partes y de las filtraciones que cada uno decida promover.
Giraldo rechazó, además, que las conversaciones expliquen la expansión del grupo. Su argumento, recogido por Infobae Colombia, es atendible desde la lógica: el crecimiento de una estructura criminal no se mide por meses, sino por años de acumulación logística y territorial. Pero esa observación no exime al Gobierno de explicar qué se negoció, con qué facultades y bajo qué marco normativo.
El episodio suma un segundo componente que merece atención separada. Según la investigación periodística de Noticias Caracol, replicada por Infobae Colombia, el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia Jorge Lemus se habría reunido con Eduard Ferney Rincón, conocido como Boyaco Sinaloa, a quien las autoridades señalan con presuntos nexos con el EGC y sobre quien pesaba una investigación vigente en la Fiscalía. La misma investigación periodística sostiene que, según la grabación, el propósito habría sido conseguir respaldo político para la ley de sometimiento y un canal de contacto con alias Chiquito Malo, a quien las autoridades señalan como máximo jefe de la organización.
Giraldo manifestó su desconocimiento sobre Rincón y negó cualquier coordinación con Jobanis de Jesús Ávila Villadiego. Según registró Infobae Colombia, el jurista sostuvo que durante su etapa como delegado del EGC nadie le notificó reuniones con la Dirección Nacional de Inteligencia.
Aquí se concentra el problema institucional. La DNI, como organismo de inteligencia civil del Estado, opera bajo controles legales y supervisión. Si uno de sus titulares sostuvo reuniones con un tercero vinculado a una investigación penal por nexos con un grupo armado, la respuesta no puede limitarse a desmentidos genéricos. Corresponde a la Fiscalía, a la Contraloría y a la Procuraduría establecer si hubo uso indebido de información reservada, tráfico de influencias o cualquier otra irregularidad.
La política de paz total necesita reglas claras. Un proceso serio con un grupo armado ilegal exige tres condiciones mínimas: publicidad de los compromisos cuando no comprometan la seguridad, control fiscal de los recursos involucrados y rendición de cuentas de los funcionarios que participan en la mesa. Cuando esas condiciones se incumplen, el resultado no es paz: es opacidad.
Por ahora, la ciudadanía dispone de una grabación, de una entrevista radial y de los silencios oficiales. La Fiscalía debe pronunciarse sobre las reuniones denunciadas y la Comisión de Paz del Congreso debería convocar al excomisionado Rueda a rendir un informe detallado. Sin esa trazabilidad, cada nueva filtración se convertirá en moneda de cambio política y el Estado seguirá perdiendo lo único que no puede recuperar: la confianza en su palabra.