El 4 de julio de 2026, el ELN atacó con cargas explosivas transportadas por drones la estación de Policía de Tadó, en Chocó. Según reportó Infobae Colombia citando a lagobernadora Nubia Carolina Córdoba Curi, no se registraron víctimas mortales niheridos, aunque sí daños en la infraestructura. La mandataria agregó que desde el 3 dejulio se presentan combates y ataques con explosivos en San José del Palmar,igualmente atribuidos a esa guerrilla, y anunció la convocatoria inmediata de unComité de Orden Público para gestionar recursos del fondo de seguridad y dotar a laPolicía de capacidades antidrones.
Lo sucedido en Tadó se inscribe en una dinámica que en La Bitácora hemosdocumentado: la profundización del control de los grupos armados en el Pacífico yla reducción de la respuesta estatal. Que en 2026 una guerrilla opere drones concargas explosivas contra una estación de Policía plantea preguntas que el Gobiernosaliente no ha respondido con documentos ni con cifras.
Esas preguntas se vuelven más concretas tras la difusión de audios por parte de laUnidad Investigativa de Noticias Caracol, atribuidos a Danilo Rueda, ex altocomisionado para la Paz. En las grabaciones, según Caracol, se le escucha plantearante un comandante del Clan del Golfo identificado como alias Jerónimo un acuerdode inacción operativa. El mismo material incluye referencias a una “limpieza en lainteligencia policial” y a una “depuración” que, según la versión divulgada, yaestaría en marcha. Rueda negó las acusaciones y sostuvo que se utiliza lainformación “sin contexto” para afectar el proceso de paz, según registró InfobaeColombia.
El representante electo del Centro Democrático José Jaime Uscátegui publicó en X,según recogió Infobae Colombia, una valoración política sobre la relación entre losataques en Tadó y la gestión del Gobierno saliente. Es una opinión partidista, ycomo tal debe leerse. Pero la frase conecta dos hechos que están sobre la mesa yque merecen respuesta institucional, no retórica.
Lo que está en juego no es una disputa de anécdotas. Es la separación entre laconducción de la política de negociación y el mando operativo de la fuerza pública.Si las grabaciones son fieles, la verificación corresponde a la Fiscalía y a losórganos de control. Si no lo son, corresponde al exfuncionario aportar loselementos que acrediten su versión. En ambos casos, la respuesta no puede ser el silencio.
La convocatoria del Comité de Orden Público en Chocó es un paso administrativonecesario, pero insuficiente. Tres preguntas esperan respuesta documentada delMinisterio de Defensa, de la Fiscalía y de la Procuraduría:
- ¿Hubo durante 2023 y 2024 instrucciones formales o informales de suspenderoperaciones contra el Clan del Golfo en zonas específicas?
- ¿Qué dependencia adelantó la “depuración” en la inteligencia policial a la quealuden los audios y bajo qué acto administrativo?
- ¿Cuál es el estado actual de la capacidad antidrones de la Policía Nacional ycon qué recursos se financiará el refuerzo anunciado por la Gobernación de Chocó?
La política de paz total se sostuvo sobre la premisa de que el diálogo no sesubordina al control territorial. Los hechos de esta semana en Chocó y lasgrabaciones divulgadas por Caracol sugieren que esa frontera fue, como mínimo,difusa. La diferencia entre la versión del Gobierno y la que reconstruyó la UnidadInvestigativa no se zanja con comunicados: se zanja con expedientes, con conceptosde la Contraloría y, si hay lugar, con decisiones judiciales.
Al Chocó no se le puede responder con un Comité de Orden Público convocado adestiempo ni con declaraciones que descalifican la evidencia sin contradictorio. Lafuerza pública que opera en Tadó merece saber si cuenta con respaldo presidencialpara responder, o si las instrucciones que rigieron durante el último año seguiráncondicionando su actuación. Esa claridad es lo mínimo exigible.