Abelardo De La Espriella asumió este viernes la Presidencia de la República en Cali, en una ceremonia prevista para las 3:00 de la tarde. Según reportó El Universal de Cartagena, el mandatario electo arribó por vía aérea a la capital vallecaucana y se desplazó en caravana por el centro de la ciudad hasta la sede presidencial, donde también sostuvo encuentros con delegaciones internacionales antes de la investidura.
El dato protocolario importa menos que el contexto institucional. Una posesión presidencial no es un evento de campaña: es la transferencia formal del poder ejecutivo bajo las reglas de la Constitución de 1991. A partir de ese momento, el nuevo gobierno queda obligado a actuar dentro del marco de separación de poderes, independencia judicial y respeto al debido proceso, principios que este medio ha defendido de manera consistente y que, por cierto, no son negociables en ninguna dirección política.
Hay tres frentes que conviene observar desde el primer día. El primero es la conformación del gabinete ministerial y de los cargos de manejo en superintendencias, agencias del Estado y entidades adscritas. La historia reciente muestra que las primeras designaciones，往往 definen el rumbo real de un gobierno por encima del discurso de posesión. Cada hoja de vida, cada declaración de renta, cada antecedente disciplinario debe pasar por el filtro público del Secop II, de la Procuraduría y de la Contraloría. No se trata de desconfianza previa: se trata de control ciudadano.
El segundo frente es el judicial. Un presidente que llega con mayorías parlamentarias propias tiene la tentación —y a veces la convicción— de reescribir las reglas del juego institucional. La Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Corte Suprema y la Jurisdicción Disciplinaria deben mantener intacta su autonomía frente al Ejecutivo. Cualquier intento de reforma que afecte la independencia de los jueces o que reduzca los controles debe encontrar, en la opinión pública y en los medios, una vigilancia permanente. La Bitácora lo ha dicho antes y lo reiterará cuantas veces sea necesario: el deterioro institucional no se compensa con crecimiento económico.
El tercer frente es la contratación pública. Cali no es solo la sede de la ceremonia: es la capital de un departamento con historial sensible en materia de contratación y con presencia de grupos armados que han incidido en la política regional. El nuevo gobierno hereda una responsabilidad concreta: garantizar que cada proceso licitatorio, cada contrato directo y cada urgencia manifiesta se publique con trazabilidad completa en Secop I y II, con estudios previos serios y con interventorías independientes. La opacidad en la contratación ha sido, durante décadas, la puerta de entrada de la corrupción y de la captura del Estado.
También corresponde decirlo con claridad: la posesión de un nuevo presidente, sea quien sea, no es motivo para suspender el juicio crítico. Si el gobierno de De La Espriella acierta en sus primeras decisiones, este medio lo registrará. Si se equivoca, también. La prensa independiente no es oposición ni oficialismo: es contrapeso.
Quedan cuatro años por delante. La forma en que arranquen las primeras semanas —designaciones, decretos de urgencia, declaraciones sobre las altas cortes, manejo de la fuerza pública— dirá más que cualquier discurso en Cali sobre el tipo de gobierno que viene. Por ahora, lo único cierto es la fecha y el lugar: 7 de agosto, 3:00 de la tarde, sede presidencial. Lo demás está por escribirse, y por vigilarse.