La Presidencia de la República le notificó al presidente electo Abelardo de la Espriella que su ceremonia de posesión no puede celebrarse en una guarnición militar. La Jefatura de Despacho invocó el artículo 9 de la Ley 5 de 1992, que fija la sede del Congreso en la capital de la República, y el Decreto 770 de 1982, que regula el protocolo de transmisión de mando. Con esos dos textos sobre la mesa, la respuesta oficial es, en lo formal, correcta: la administración saliente carece de competencia para disponer de un cuartel como escenario de un acto que la Constitución le encarga al Legislativo.
El punto, sin embargo, no se cierra ahí. El artículo 33 de la misma Ley 5 permite que las dos cámaras, por acuerdo entre sí, trasladen su sede a otro lugar. Y el artículo 140 de la Constitución, según la lectura del secretario general del Senado, Diego González, exige que la posesión se haga ante el Congreso, no necesariamente en el Capitolio. Esa distinción es la que mantiene vivo el debate. El exministro Javier Sarmiento y el abogado Andrés Felipe Peláez coinciden en que una guarnición podría ser jurídicamente viable, siempre que la decisión nazca del propio Legislativo y no del Ejecutivo.
Esa condición no es un tecnicismo: es la médula del asunto. Mover la ceremonia a una base militar sin una proposición aprobada en Senado y Cámara, con cuórum decisorio en cada célula legislativa, comprometería la separación de poderes que el acto de investidura está llamado a simbolizar. La Presidencia lo entendió así al recordar que cualquier modificación del escenario corresponde a una decisión del Congreso, y al desestimar la solicitud de visita anticipada a la Vigénta Brigada, al CACOM 7, al Cantón Militar Pichincha, a Tolemaida y a la CAMAN que el equipo del presidente electo había elevado como preparación de un eventual traslado.
Queda, eso sí, una cuestión práctica que el secretario González puso sobre la mesa: los costos de desplazamiento de los congresistas correrían por cuenta del Congreso. No es un detalle menor en un país donde cada sesión fuera de Bogotá suele terminar en controversia presupuestal. Cualquier propuesta en ese sentido debería llegar acompañada de una estimación seria de lo que costaría montar el pleno en una instalación militar, y de una justificación que vaya más allá del simbolismo.
El protocolo, mientras tanto, sigue su curso. El Decreto 770 de 1982 dispone que el presidente saliente imponga al electo la Orden de Boyacá en grado de Gran Collar antes de la transmisión de mando, y que se entreguen además las condecoraciones de San Carlos y la Orden Nacional al Mérito. Gustavo Petro, según el documento conocido por Caracol Radio, cumplirá ese trámite. Es, quizá, el componente menos discutido de toda la transición, y no por casualidad: las formas que la ley prescribe suelen ser las que mejor resisten los intentos de innovación.
La discusión de fondo, entonces, no es sobre dónde se pone la banda presidencial, sino sobre quién decide el lugar. Si la respuesta es el Congreso, con quorum y por proposición, la ceremonia en una base militar podrá defenderse o rechazarse en el debate democrático. Si la respuesta es el Ejecutivo, el precedente quedaría escrito para futuros relevos, y la independencia del Legislativo sufririrá un desgaste que ninguna pompa militar compensaría. Por ahora, la Casa de Nariño ha fijado el límite correcto. Corresponde al Capitolio decir la última palabra.