La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para establecer si servidores de la Gobernación de Córdoba habrían incurrido en una conducta sancionable durante la Feria Ganadera de Montería, celebrada el 13 de junio. La actuación disciplinaria fue ordenada después de una denuncia pública del presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, en la que cuestionó la difusión de mensajes del precandidato presidencial Abelardo de la Espriella en un evento que, según afirmó, contó con financiación o respaldo de recursos del orden departamental.
El expediente se encuentra, conforme lo informó la propia entidad, en etapa de indagación previa. Esa fase no equivale a formulación de cargos: su propósito es recaudar pruebas, individualizar posibles responsables y decidir si existen méritos para abrir investigación disciplinaria formal. La diferencia importa, porque en Colombia buena parte de las indagaciones previas terminan archivadas sin consecuencias. Pero el hecho de que el Ministerio Público haya decidido abrirla, y no simplemente archivar la queja presidencial, ya constituye una señal institucional.
De acuerdo con el auto conocido por Caracol Radio y reportado por El Colombiano, la Procuraduría solicitó a la Gobernación de Córdoba precisar tres puntos centrales: qué relación contractual o jurídica sostiene con la Feria Ganadera y con el concierto realizado en el estadio de béisbol de Montería; si esos eventos recibieron subsidios o recursos públicos departamentales; y qué funcionarios estuvieron involucrados en su organización. Adicionalmente, requirió documentos, informes, videos y material probatorio para verificar la presencia del gobernador Erasmo Zuleta y de otros servidores en las actividades programadas.
El detonante fue la circulación en redes sociales de un video en el que, según las imágenes difundidas, aparece proyectado en las pantallas de una tarima un mensaje de De la Espriella con referencias al escenario electoral y a una eventual segunda vuelta presidencial. La grabación no prueba por sí sola que el contenido haya sido contratado con dineros públicos, pero sí activa una obligación de transparencia: la administración departamental debe exhibir los contratos, los rubros y los convenios que amarraron la feria.
Aquí conviene separar dos discusiones que suelen mezclarse. La primera es jurídica: el artículo 127 de la Constitución y el Código Disciplinario Único prohíben a los servidores públicos participar en actividades proselitistas usando su cargo o los recursos del Estado. Si la Gobernación pagó pantallas, sonido o logística en las que se emitió propaganda de un precandidato, existiría una infracción disciplinaria, independientemente de quién haya autorizado la emisión. La segunda es política: el presidente Petro es a la vez jefe de Estado y jefe de un movimiento en campaña, y ha sido señalado en otras ocasiones por utilizar su cuenta oficial para atacar a contradictores, según registros citados por distintos medios. Que él denuncie no invalida la denuncia, pero obliga a leer el caso con la misma vara con que se leen las quejas de cualquier gobernante.
La indagación también pone a prueba un principio que este medio ha defendido con insistencia: la separación entre el uso del Estado y la actividad electoral. Cuando un evento financiado con presupuesto departamental sirve de plataforma para un aspirante presidencial, el daño no es solo contable. Es institucional. Se rompe la neutralidad que la administración pública le debe a todos los candidatos y se lesiona la igualdad en la competencia.
Faltan piezas clave. No se conoce el contrato de la feria, ni el rubro específico bajo el cual se habrían emitido los videos, ni la versión del gobernador Zuleta. La Procuraduría debe avanzar con celeridad y publicar sus conclusiones, sean archivos o sanciones. Y la Gobernación, por su parte, está obligada a entregar la documentación completa. Cualquier opacidad en esa entrega será leída como reconocimiento tácito de la irregularidad.
En un año preelectoral cargado, este expediente puede parecer menor. No lo es. Define si los recursos públicos de un departamento siguen siendo de todos o pueden convertirse, por unas horas de tarima, en el altavoz de un candidato.