Por primera vez desde 2020, la salud supera a la corrupción como principal preocupación de los colombianos. El dato no proviene de un editorial ni de una declaración ministerial: lo recogió el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes, en alianza con Eureka Group, entre el 11 y el 30 de mayo de 2026, con 1.560 encuestas en 47 municipios. El 26,1% de los ciudadanos consultados identificó la salud como el problema más grave del país, frente a 19,8% que mencionó la corrupción. La diferencia, aunque parezca estrecha, invierte una jerarquía que se había mantenido estable durante media década.
La encuesta, divulgada por Infobae, ofrece además una fotografía del interior del sistema. Y es ahí donde el cuadro se vuelve más severo. Entre los afiliados a EPS intervenidas por el Gobierno nacional, solo el 33% reportó recibir atención “sin dificultades”, contra 49,5% en las EPS no intervenidas. Un 18,7% de los usuarios de entidades bajo intervención afirmó no haber obtenido ningún servicio cuando lo necesitó, frente a 12,7% en el resto. Las brechas se repiten en casi todos los indicadores relevados.
El gasto de bolsillo es, probablemente, la variable más reveladora. Un 38,5% de los encuestados afiliados a EPS intervenidas debió pagar de su propio bolsillo para acceder a atención, comparado con 22,2% en las no intervenidas. El 22% del total de consultados destinó más de 500.000 pesos mensuales a costear servicios de salud. En un país donde el ingreso mediano formal ronda poco más de un salario mínimo, esa cifra equivale a una fracción significativa del presupuesto familiar. La intervención estatal, lejos de haber blindado el acceso, coincide con el tramo de mayor carga financiera para el paciente.
El acceso a medicamentos presenta un patrón idéntico. Apenas 25% de los afiliados a EPS intervenidas recibe de forma completa los medicamentos formulados, contra 43,5% en las no intervenidas. Un 17,1% debió financiarlos en su totalidad. Las negaciones de servicios también se duplican: 20,6% en intervenidas frente a 10,5% en no intervenidas. Y la confianza reproduce la misma curva: tres de cada diez usuarios de EPS intervenidas desconfía de su entidad, casi el triple que en las no intervenidas, con un diferencial de 20 puntos.
Tres lecturas surgen de estos números. La primera es descriptiva: la intervención no ha corregido las fallas que invocaba como justificación. La segunda es comparativa: en todos los indicadores, las entidades intervenidas quedan por debajo de las que operan bajo el régimen anterior. La tercera es política, y quizá la más incómoda para el Gobierno que defiende la reforma: el 43,6% de los encuestados está de acuerdo con una reforma al sistema, pero solo 30% apoya eliminar las EPS y apenas 20,8% preferiría ser atendido únicamente en hospitales públicos. El 69% considera importante el rol del sector privado en la administración y 57,6% prefiere un esquema de responsabilidad compartida entre Estado y privados.
Dicho de otro modo: la ciudadanía pide cambios, pero no los cambios del proyecto oficial. La demanda social coincide con la oferta institucional en diagnosticar el problema, pero diverge en la solución. El Ministerio de Salud, encabezado por Guillermo Jaramillo, ha sostenido una defensa pública del modelo; los datos del Observatorio sugieren que esa defensa convive con un deterioro que los propios usuarios miden y reportan.
La discusión presupuestal y legislativa sobre el futuro de la salud colombiana se retomará en el Congreso que se conforme tras las elecciones. Quien asuma el despacho el 7 de agosto de 2026 recibirá un sistema con un paciente descreído, con una intervención que no mejoró los indicadores que pretendía corregir y con una opinión pública que, según la encuesta, ya eligió su tema prioritario. El Observatorio no hace política: registra percepciones. Pero las percepciones, cuando son consistentes y muestrales, suelen anticipar decisiones.