El próximo 7 de agosto el gobierno entrante recibirá un sistema de salud en estado crítico. Según reportó Vanguardia, voceros de Pacientes de Alto Costo, Pacientes Colombia y la Fundación Retorno Vital coincidieron en que la reunión de la semana pasada con el equipo de transición dejó buenas sensaciones sobre participación y reparación de confianza, pero no resolvió el interrogante fiscal central: de dónde saldrán, en 90 días, los 10 billones de pesos anunciados como inyección inicial al sistema.
La cifra, según el artículo de Vanguardia (vanguardia.com), corresponde al plan de choque de 90 días contemplado en la propuesta de salud del presidente electo Abelardo de la Espriella, que incluye un puesto de mando unificado (PMU) desde el primer día de gobierno. Denis Silva, de Pacientes Colombia, fue directo: “No veo claro de dónde van a sacar los 10 billones”. Néstor Álvarez, de Pacientes de Alto Costo, agregó que no lo ve viable en 90 días y que habrá que “mirar qué plata hay y de dónde la van a sacar”.
Hay tres observaciones que conviene poner sobre la mesa antes de celebrar el cambio de tono.
Primera: la UPC. La Corte Constitucional ya declaró en 2025 que el valor vigente era insuficiente para cubrir la demanda de servicios y ordenó al Ministerio de Salud su reajuste. El Ministerio no lo hizo. Según Vanguardia, el ministro Guillermo Jaramillo tiene abierto un proceso por desacato. Cualquier plan de choque que no parta de calcular la UPC con soporte técnico actualizado —y de pagar lo que corresponda— será un parche sobre una fractura. Silva señaló que ese punto fue explícitamente abordado en la reunión.
Segunda: la Nueva EPS. Si los estados financieros de la aseguradora más grande del país llevan más de dos años sin hacerse públicos, cualquier diagnóstico de “conciliación de cuentas” empieza con un dato que no existe. La transparencia no es un eje decorativo: es condición previa para saber qué se debe, a quién y por qué.
Tercera: los 10 billones. Silva recordó, según Vanguardia, que el gobierno saliente difícilmente dejará recursos sin ejecutar. Si la fuente son nuevas rentas, el Congreso que reciba la propuesta deberá aprobarlo. Si son reasignaciones presupuestales o un crédito, el camino jurídico y político es estrecho. Álvarez mencionó que el equipo “está estudiando muy bien” el marco legal para “evitar que les pongan palos en la rueda desde la oposición”. Esa advertencia es relevante: un plan de esta magnitud, ejecutado por decreto o por resoluciones, será revisado en sede judicial y legislativa.
El artículo describe también la intención de reemplazar a los interventores de las EPS bajo control gubernamental y de no presentar una reforma estructural al sistema en los primeros meses. Son medidas operativas razonables, pero no sustituyen la pregunta central: sin flujo de caja verificable, el PMU administrará una crisis, no la resolverá.
La transición en salud tiene, por primera vez en años, la oportunidad de reconstruir confianza entre actores. Pero confianza sin presupuesto es retórica. Los gremios y pacientes que salieron de esa reunión lo entendieron: celebraron la voluntad de diálogo y exigieron, con prudencia pero sin rodeos, que la plata aparezca antes de que el sistema colapse.
Como reportó Vanguardia, el reloj empieza a correr el 7 de agosto.