La noticia parece logística y es institucional. El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, recorrió este sábado las obras de adecuación del edificio donde funcionará la sede alterna de la Presidencia de la República, al interior de la Segunda Brigada del Ejército en Barranquilla. La visita, según reportó El Universal de Cartagena, contó con un equipo de ingenieros, arquitectos y asesores de planeación de la Gobernación, y se produjo luego de que el alcalde Alejandro Char respaldara la propuesta de que el presidente electo Abelardo de la Espriella despache desde esa ciudad.
Como se lee en la publicación de Verano en su cuenta de X, el compromiso departamental es “entregar una infraestructura moderna, segura y tecnológicamente equipada” para el funcionamiento del Gobierno nacional desde el Atlántico. La decisión se justifica, según el propio gobernador y el alcalde Char, en razones de “seguridad, logística y conectividad” y en el propósito de “acercar el Gobierno nacional a la región Caribe y a la periferia colombiana”.
La operación es jurídicamente insólita. La Constitución de 1991 fija en Bogotá la sede de los órganos superiores del Estado. El artículo 187 establece que el presidente de la República tiene su sede en la capital. Mover el despacho principal a una guarnición militar en otra ciudad requiere, como mínimo, una reforma constitucional, un convenio de sede aprobado por el Congreso y un concepto previo del Consejo de Estado sobre la naturaleza de la alteración. Ninguno de esos tres ingredientes aparece, hasta ahora, en el debate público.
El gobierno entrante, además, hereda un país en año preelectoral legislativo y en plena transición administrativa. La prioridad operativa de cualquier Ejecutivo que se respete es garantizar la cadena de mando militar, el flujo de documentos clasificados y la continuidad del Consejo de Ministros, no la mudanza de un edificio. Empezar el período con un desplazamiento permanente del despacho presidencial desde una unidad militar introduce un factor de excepcionalidad que la institucionalidad colombiana no está diseñada para absorber.
La otra lectura es la regional. La Costa Caribe ha reclamado durante décadas inversión nacional, conectividad y presencia efectiva del Estado. Esa demanda es legítima. Pero la respuesta no puede ser la sede itinerante: la respuesta es presupuesto, descentralización y obras de infraestructura que ya están en los planes de desarrollo. Confundir presencia con fotografías en una brigada es un atajo que sustituye política pública por espectáculo.
Quedan preguntas que el nuevo gobierno debe responder con documentos, no con tuits. ¿Cuál es el costo fiscal de la adecuación y quién lo asume? ¿Se firmó un convenio interadministrativo entre la Nación y la Gobernación del Atlántico? ¿Qué concepto técnico emitió el Ministerio de Defensa sobre la operación de un despacho presidencial dentro de una brigada activa? ¿Se radicó un proyecto de acto legislativo para modificar el artículo 187?
Mientras esas respuestas no lleguen, la columna sigue en obra. Y el país, también.