¿Puede un demócrata liberal permitirse el lujo del voto en blanco cuando la estabilidad institucional pende de un hilo? La pregunta, lejos de ser retórica, define el quicio en que se mueve buena parte del electorado colombiano en la antesala de una segunda vuelta presidencial. No se trata de elegir un héroe, como advierte con lucidez el veedor ciudadano Luis Alonso Colmenares Rodríguez en una columna publicada en El Pilón de Valledupar; se trata de evitar que la arquitectura republicana, mutatis mutandis, sufra daños de difícil reparación.
El liberalismo clásico hispanoamericano —esa tradición que va desde Sarmiento hasta Vargas Llosa, desde Galán hasta los Mockus que tuvieron razón— ha sostenido siempre una tesis incómoda: la democracia no es el gobierno de la mayoría, sino el sistema de límites que impide que cualquier mayoría devore a las minorías y a las instituciones. Tocqueville, en su estudio sobre la sociedad norteamericana, alertaba ya sobre el “despotismo blando” que emerge cuando el poder se concentra y la opinión pública anula la independencia del individuo. Popper, por su parte, definía la sociedad abierta como aquella donde el gobierno puede ser desplazado sin derramamiento de sangre. Ambos presupuestos —el límite y la alternabilidad— exigen un electorado que vote con criterio, no con ímpetu.
La columna que nos ocupa formula una agenda de seis puntos que merece atención más allá de la coyuntura inmediata. El respeto a la libertad individual, el apego al Estado de derecho, la separación de poderes, el pluralismo, la responsabilidad económica y la protección de las minorías no son, en conjunto, un programa partidista: son las condiciones de posibilidad de cualquier orden democrático viable. Según el autor, quien gobierne deberá entender que la crítica es un derecho, que la prensa incómoda es un pilar y que la protesta es expresión democrática, no delito. Son exigencias que la tradición liberal hispanoamericana ha defendido con uñas y dientes.
Aquí radica la tensión central. Un demócrata liberal no vota por entusiasmo, sino por responsabilidad; no busca el candidato perfecto, sino evalúa cuál de los dos contendientes representa menor amenaza para el andamiaje constitucional. Es una lógica de minimización de riesgos, no de maximización de utopías. En esto, la tradición que reivindico se distingue tanto del populismo de derecha como del autoritarismo de izquierda: ambos, en su simetría perversa, conciben el poder como instrumento de transformación social sin freno, como vía para “refundar” la patria a costa de quienes piensan distinto.
La economía, en este cuadro, no es un apéndice técnico sino una dimensión de la libertad. La seguridad jurídica, el respeto a la iniciativa privada y el equilibrio fiscal no son dogmas de mercado: son garantías de que el ciudadano común podrá planificar su vida sin la arbitrariedad del Estado omnipotente. El Estado social de derecho que consagra nuestra Constitución de 1991 no es incompatible con la economía de mercado; al contrario, la presupone como condición de su sostenibilidad. Quien promete abolir la una para expandir el otro, o viceversa, miente o ignora.
Hay, finalmente, una lección de método. El autor de la columna original no revela su voto, pero revela su criterio mediante una fórmula que los colombianos debemos considerar con seriedad. No porque la Constitución sea un texto intocable —Popper mismo nos enseñó que todo puede ser revisado mediante los procedimientos adecuados—, sino porque en su respeto cotidiano reside la posibilidad de convivencia entre adversarios. La alternativa no es otra cosa que la guerra de todos contra todos, bellum omnium contra omnes, que el Estado moderno se propuso superar.
La segunda vuelta que se avecina no definirá el alma de la nación. Definirá, eso sí, si conservamos las instituciones que nos permiten, en el futuro, seguir discutiendo sobre el alma de la nación sin temor a la persecución. Esa es la exigencia mínima, y a la vez la más exigente, de un demócrata liberal.