¿Es la segunda vuelta un instrumento de legitimidad democrática o una trampa estructural que devuelve a Colombia al bipartidismo que la Constitución de 1991 pretendía superar? La pregunta, que parecía archivada desde la fragmentación partidista de las últimas décadas, recobra urgencia tras los resultados de la consulta de junio, donde Abelardo De La Espriella rozó la mayoría absoluta en una participación sin precedientes desde el Frente Nacional.
Fernando Cepeda Ulloa, en su análisis publicado en El Frente, señala con precisión histórica lo que muchos observadores eludieron: el sistema de doble vuelta, importado de tradiciones como la francesa, lleva en su ADN una preferencia por la bipolarización. En Francia, donde la Asamblea Nacional también se elige por este mecanismo, la segunda vuelta casi inmediata —el domingo siguiente— obliga a los electores a concentrarse en dos opciones. La legitimidad se compra, mutatis mutandis, con la simplificación. Colombia, en cambio, reservó la segunda vuelta solo para la Presidencia, como si el Congreso pudiera mantenerse en la dispersión mientras el Ejecutivo exigía concentración. La asimetría nunca fue del todo estable.
Lo que ocurrió en 2026 no es, sin embargo, una mera reactivación mecánica del viejo bipartidismo liberal-conservador. De La Espriella no representa un partido tradicional; representa, como advierte Cepeda, una coalición de rechazo: todos aquellos que no se reconocían en la continuidad del gobierno Petro, agrupados no por identidad programática sino por negación. El candidato oficialista, por su parte, encarnaba una amalgama de izquierdas igualmente heterogénea. Ambos pretendieron ganar en primera vuelta, rompiendo la lógica de mero clasificatorio que había caracterizado las elecciones recientes. Ese cambio de estrategia —de buscar el segundo lugar a buscar la mayoría absoluta— es el verdadero termómetro de una transformación.
Aquí conviene recordar a Tocqueville, quien observó que los sistemas democráticos tienden naturalmente hacia la polarización cuando la sociedad percibe que el poder concentrado amenaza intereses fundamentales. La segunda vuelta, en este sentido, no crea el bipartidismo; lo canaliza. La pregunta es si ese canalamiento produce gobernabilidad o, por el contrario, una falsa estabilidad que oculta fracturas sociales no resueltas. El bipartidismo clásico colombiano funcionó, durante el Frente Nacional, como mecanismo de contención del conflicto armado y de alternancia pactada. El “nuevo bipartidismo” que vislumbra Cepeda carece de ese andamiaje institucional: es flexible, como él dice, pero también inestable, porque sus dos polos son coaliciones de ocasión más que estructuras de mediano plazo.
La experiencia francesa ofrece, de nuevo, un espejo útil. Allí la segunda vuelta legislativa, al ser simultánea con la presidencial en su lógica de concentración, ha generado períodos de cohabitación que fortalecieron, paradójicamente, la separación de poderes. En Colombia, donde el Congreso se elige sin segunda vuelta, la fragmentación legislativa persiste mientras la Presidencia tiende a la bipolarización. El desfase entre un Ejecutivo legitimado por mayoría absoluta relativa y un Legislativo atomizado en diez o quince bancadas no es una anomalía menor: es, res publica mediante, una fuente permanente de gobiernos debilitados o de gobernabilidad comprada a precio de corrupción.
¿Debería extenderse la segunda vuelta al Congreso, como insinúa Cepeda? La propuesta, que en otro momento hubiera parecido una herejía contra el pluralismo, merece discusión seria. No porque el bipartidismo sea en sí deseable, sino porque la alternativa actual —un Ejecutivo bipolar y un Legislativo multipolar— produce una asimetría que favorece el clientelismo y la negociación opaca. Hannah Arendt, en su análisis de los sistemas de partidos, advirtió que la estabilidad democrática requiere alguna forma de visibilidad pública en la competencia; la dispersión extrema, como la concentración extrema, tiende a oscurecer las líneas de responsabilidad.
Lo que está por verse, como concluye Cepeda, es si esta configuración se cristaliza en dos grandes coaliciones estables o si, una vez pasada la urgencia electoral, el sistema vuelve a su dispersión habitual. La historia colombiana no alienta el optimismo sobre la estabilidad de las alianzas. Pero la historia tampoco garantiza que las instituciones permanezcan inalteradas cuando la práctica política las desborda. La Constitución de 1991 diseñó un sistema para un país que ya no existe; los colombianos debemos preguntarnos si las reglas del juego, heredadas de esa época, siguen sirviendo a la legitimidad que pretendían fundar, o si han comenzado a socavarla.