La administración de Claudia Sheinbaum ha decidido cruzar un umbral diplomático que pocos gobiernos latinoamericanos se han atrevido a transitar en la era moderna. Al anunciar acciones penales formales ante fiscalías estatales y federales de Estados Unidos por la muerte de 17 connacionales bajo custodia migratoria desde enero de 2025, México no solo protesta: judicializa la relación bilateral. Para Colombia, que mantiene una dinámica migratoria igualmente compleja con Washington pero sin el mismo peso geopolítico ni la integración económica del T-MEC, este movimiento enciende una alerta sobre los límites de la protección consular en un entorno de seguridad fronteriza endurecida.
De la nota diplomática al litigio transnacional
Históricamente, las muertes de migrantes en custodia estadounidense se han manejado mediante notas diplomáticas, solicitudes de investigación interna y, en el mejor de los casos, indemnizaciones civiles extrajudiciales. La estrategia mexicana rompe ese patrón al calificar los hechos como “homicidios” y buscar responsabilidad penal individual contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y contra las empresas privadas que operan centros de detención. El caso de Lorenzo Salgado, quien murió por disparos de un agente en Houston mientras estaba en su vehículo, sirve como catalizador de esta nueva doctrina.
Desde una perspectiva institucionalista y de Estado de derecho, la búsqueda de rendición de cuentas es legítima y necesaria. Sin embargo, como analistas de riesgo político debemos evaluar la viabilidad jurídica y las consecuencias sistémicas. El sistema de justicia estadounidense otorga amplias protecciones a sus agentes federales en el ejercicio de sus funciones, y la soberanía jurisdiccional limita severamente la capacidad de un Estado extranjero para impulsar procesos penales. México parece consciente de esto: su participación como amicus curiae en demandas previas sugiere que el objetivo real no es necesariamente obtener condenas, sino generar un costo reputacional y político para los operadores privados de detención y para las agencias federales.
Esta estrategia de litigio estratégico difiere sustancialmente de la retórica victimizante de regímenes autoritarios regionales. No se trata de negar la autoridad migratoria estadounidense ni de promover la impunidad, sino de exigir que esa autoridad se ejerza dentro de los estándares del debido proceso. Es una defensa pro-mercado y pro-derechos en simultáneo: ataca el modelo de privatización de la detención migratoria mientras defiende la integridad física de los trabajadores transnacionales.
Las implicaciones para la política exterior colombiana
Colombia no puede replicar mecánicamente la estrategia mexicana. Nuestra relación con Washington carece de los amortiguadores que ofrece el tratado comercial norteamericano y la interdependencia energética y de seguridad que blindan a México. Mientras Sheinbaum puede permitirse tensionar la relación porque la economía mexicana es estructuralmente inseparable de la estadounidense, Bogotá enfrenta un margen de error mucho más estrecho.
No obstante, el precedente mexicano obliga a replantear nuestra propia postura. Durante años, la diplomacia colombiana ha priorizado la cooperación en seguridad y la agenda antinarcóticos, tratando la protección consular como un asunto secundario o meramente administrativo. Las cifras de detenciones y deportaciones de colombianos han aumentado, y las condiciones en centros de detención privados son objeto de reportes críticos por parte de organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. Si México logra, aunque sea parcialmente, establecer responsabilidades civiles contra operadores privados, se abre una ventana jurisprudencial que Colombia debería monitorear con atención técnica, no ideológica.
El riesgo para Bogotá es doble. Por un lado, la inacción ante estándares que México está logrando establecer podría interpretarse como negligencia consular frente a una ciudadanía cada vez más informada y conectada. Por otro, una adhesión acrítica a la estrategia mexicana sin considerar nuestras asimetrías podría dañar canales de cooperación esenciales en inteligencia, extradición y acceso a mercados financieros.
Soberanía, derechos y realismo hemisférico
Este episodio ilustra la tensión central de la geopolítica hemisférica actual. Los gobiernos latinoamericanos enfrentan el dilema de proteger a sus nacionales sin alienar a un Washington que ha hecho de la seguridad fronteriza una prioridad doméstica intransigente. La respuesta de Sheinbaum apuesta por un realismo jurídico: usar las propias instituciones estadounidenses para contener excesos de su política migratoria.
Para los defensores del Estado de derecho y el libre comercio, esta aproximación es preferible al populismo migratorio de cualquier signo. Ni la criminalización indiscriminada del migrante ni la negación de la autoridad fronteriza son sostenibles. Lo que México está probando es si existe una tercera vía: una migración ordenada donde la seguridad no anule la dignidad ni el debido proceso.
Colombia debe observar este experimento con rigor analítico. No se trata de copiar, sino de aprender. En un hemisferio donde la movilidad humana es un hecho estructural y no una anomalía temporal, la calidad de la protección consular se ha convertido en un indicador de madurez institucional. La pregunta ya no es si los Estados tienen derecho a controlar sus fronteras, sino si están dispuestos a someter ese control a estándares verificables de justicia. México ha puesto la cuestión sobre la mesa. A Bogotá le corresponde decidir si la responde con estrategia o con silencio.