El sábado 29 de agosto, al menos dos artefactos explosivos lanzados desde drones impactaron la estación de Policía del casco urbano de Pailitas, Cesar. El saldo reportado: tres uniformados heridos, uno de ellos remitido a Aguachica por la gravedad de las lesiones, y varias horas de zozobra para los habitantes que escucharon ráfagas de fusil mientras los policías intentaban derribar uno de los aparatos.
La reacción del nivel nacional llegó después del hecho. La gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan, confirmó que se comunicó con el ministro de Defensa, general (r) Jorge Eduardo Mora López, y que este le notificó la decisión de militarizar el municipio. La orden implica reforzar la presencia de la Fuerza Pública para controlar el casco urbano y prevenir nuevos ataques, según informó Caracol Radio.
Dos elementos merecen lectura aparte.
Primero, el método. Atacar con drones una estación de Policía no es un recurso artesanal: requiere financiamiento, entrenamiento y acceso a tecnología. Que el ELN —como señaló el secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel— haya podido ejecutar la incursión en una cabecera municipal del Cesar indica una capacidad operativa que hace meses se subestimó. El propio Esquikel calificó el hecho como una posible represalia a las capturas y operaciones de las autoridades contra esa organización. La hipótesis es verosímil: el mismo sábado el Ejército reportó la captura de cuatro presuntos integrantes del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN en El Paso, Cesar, según la misma fuente periodística.
Segundo, el momento de la respuesta institucional. La militarización se decretó después del ataque, no antes. La comunicación entre la Gobernación del Cesar y el Ministerio de Defensa se produjo una vez que el hecho ya estaba consumado y con uniformados en centros asistenciales. Eso describe, con precisión, el patrón que se repite en varias regiones: la presencia estatal se reactiva cuando el daño ya ocurrió, en lugar de sostenerse como política permanente de control territorial.
Hay, además, una pregunta presupuestal y operativa que esta columna no puede responder, pero que el Congreso, la Contraloría y la Procuraduría deberían formular con documentos en la mano: cuántas estaciones de Policía en municipios de cuarta y quinta categoría del Cesar y de los departamentos vecinos cuentan con sistemas de detección y neutralización de drones, cuántos efectivos custodian perimetralmente esas instalaciones y cuál es el plan concreto —no el comunicado de prensa— que el Ministerio de Defensa diseñó para los municipios donde el ELN ha demostrado capacidad de hostigamiento con tecnología remotamente tripulada.
Conviene no perder de vista otro frente. La sucesión de capturas reportadas en El Paso y el ataque en Pailitas, en la misma jornada, sugieren una escalada retaliativa que no se resolverá con un refuerzo transitorio de tropas. La militarización de un municipio puede estabilizar la emergencia de 48 o 72 horas; lo que no sustituye es una estrategia sostenida de inteligencia, protección de infraestructura crítica y articulación entre la Fuerza Pública, la Fiscalía y las gobernaciones.
Por lo pronto, la información disponible apunta a que la investigación para identificar a los responsables del ataque quedó en manos de las autoridades competentes. Hasta que haya imputaciones formales, corresponde hablar en condicional: el ataque habría sido una represalia del ELN y los autores serían integrantes de esa organización, según la hipótesis del Gobierno departamental. La atribución corresponde, por ahora, a esa fuente.
Pailitas ilustra, una vez más, que la política de seguridad del Gobierno nacional se mide menos por los títulos de los decretos y más por la capacidad de anticiparse al siguiente hecho. El sábado, esa capacidad no estuvo a la altura.