La decisión de Gustavo Petro de asumir un rol protagónico en la campaña electoral del Pacto Histórico de cara a 2026 representa un cambio táctico significativo. Según reportó La FM, expertos han señalado que esta movida implícitamente reconoce las limitaciones de la estrategia anterior, que no logró expandir el voto más allá del núcleo tradicional de la coalición gobernante.
En política electoral, cuando un presidente en ejercicio asume la dirección visible de una campaña, típicamente indica dos cosas: que las estructuras intermedias no han generado suficiente confianza en el electorado, o que existe urgencia por reposicionar el mensaje ante una base que muestra signos de fragmentación. La historia electoral reciente en Colombia ofrece ejemplos de ambos escenarios.
Lo relevante aquí no es la personalidad de Petro, sino la mecánica política que expone. Un candidato presidencial que no logra trascender su base en un año electoral es un candidato débil. Cuando eso ocurre, el liderazgo nacional interviene. Esto sucede porque el Pacto Histórico enfrenta un problema de arquitectura: la coalición que lo llevó al poder en 2022 no se ha convertido automáticamente en una mayoría electoral permanente. Las encuestas de intención de voto reflejan volatilidad, y los territorios fuera de las grandes ciudades han mostrado resistencia a los mensajes de la administración.
La pregunta que surge es si la intervención presidencial resuelve el problema o lo profundiza. Cuando un presidente sale a campaña por su propio movimiento, corre el riesgo de que los resultados electorales se lean como un referéndum sobre su gestión. En contextos de aprobación presidencial en declive, esto puede ser contraproducente. Además, la presencia presidencial en la campaña consume capital político que podría ser necesario para gobernar durante el último año de mandato.
Desde la perspectiva institucional, también hay una pregunta sobre la separación entre la función presidencial y la función de candidato. Aunque la ley permite que un presidente sea militante activo de un partido, la práctica democrática sugiere que hay un costo cuando el Estado y la campaña se superponen en la visibilidad pública. Esto es especialmente relevante en un contexto donde ya existen críticas sobre el uso instrumental de recursos públicos en favor de candidatos oficialistas.
Los expertos citados por La FM probablemente están en lo cierto al diagnosticar fallas estratégicas. El Pacto Histórico llegó al gobierno con una coalición heterogénea que incluía desde liberales progresistas hasta sectores de izquierda radical. Mantener esa coalición unida en campaña, mientras se gobierna, es un ejercicio de equilibrio que ha demostrado ser complejo. Cuando un candidato no logra consolidar ese apoyo, es porque el mensaje no está resonando con los votantes indecisos o porque la coalición misma está enviando señales contradictorias.
La intervención de Petro en la campaña de 2026 será un test de su capacidad para reposicionar el relato del gobierno. Pero también será un indicador de si la coalición gobernante ha logrado construir una propuesta que vaya más allá de la personalidad presidencial. En democracias maduras, los movimientos políticos que dependen excesivamente de un liderazgo carismático tienden a sufrir cuando ese liderazgo se retira o enfrenta desgaste.
Lo que ocurra en los próximos meses dirá mucho sobre la salud institucional del Pacto Histórico y sobre su capacidad para gobernar más allá de 2026.