El presidente Gustavo Petro respondió el sábado a críticas de funcionarios ecuatorianos y estadounidenses sobre el proceso electoral colombiano tratándolas como si fueran injerencia política equivalente. Según reportó La Opinión, la reacción presidencial fue tajante: ambos actores externos no debían enseñar a los colombianos quién está equivocado. Sin embargo, el rechazo a dos situaciones distintas bajo el mismo argumento genera confusión sobre qué se defiende realmente.
Las declaraciones del presidente ecuatoriano Daniel Noboa merecen el rechazo que Petro expresó. Según el reportaje, Noboa anunció, tras dialogar con el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, la eliminación de aranceles sobre productos colombianos a partir del 1 de junio y acuerdos sobre extradición de delincuentes. Un jefe de Estado anunciando beneficios comerciales condicionales al resultado de unas elecciones roza efectivamente la interferencia sobre el resultado electoral. Petro tenía fundamento para rechazarlo como presión sobre el electorado.
Las observaciones del senador estadounidense Bernie Moreno constituyen un asunto diferente. Según La Opinión, Moreno fue invitado como observador internacional y expresó preocupación por posibles intimidaciones electorales y riesgos de violencia. La presencia de observadores internacionales en procesos electorales es práctica estándar en democracias institucionales. Cuando un observador acreditado señala riesgos de seguridad o garantías, no necesariamente comete injerencia: está cumpliendo un mandato de vigilancia. Que esas observaciones provengan de un senador estadounidense de origen colombiano añade complejidad política, pero no las invalida por su origen.
El problema radica en que Petro presenta ambas situaciones como equivalentes. Una cosa es rechazar presión sobre resultados electorales; otra muy distinta es descartar informes sobre condiciones de seguridad en las mesas. Un observador que advierte sobre intimidación no está vendiendo votos. Está documentando condiciones. Que esas condiciones existan o no es materia de verificación institucional, no de soberanía nacional.
Colombia cuenta con instituciones propias para garantizar elecciones limpias: la Registraduría Nacional, la Misión de Observación Electoral, la Fiscalía. Si esas instituciones certifican que no hubo intimidación ni violencia, los reportes internacionales pierden peso. Si existen reportes de irregularidades, rechazarlos por provenir de extranjeros es un argumento institucional débil.
El argumento presidencial sobre la amistad con Donald Trump tampoco fortalece la posición. Según La Opinión, Petro afirmó que Trump, con quien mantiene una relación cercana, no tomaría en cuenta advertencias de “cabezas calientes”. Invocar una relación bilateral para descartar críticas de un senador de la oposición estadounidense no es un razonamiento que responda a las observaciones sobre garantías electorales.
Lo que debería haber hecho Petro es más directo: presentar datos. Si las elecciones transcurrieron sin intimidaciones, que lo diga la Registraduría con cifras. Si no hubo violencia electoral, que lo confirme la Fiscalía con reportes. Si la participación fue libre, que lo verifiquen los observadores acreditados. Los números desactivan las críticas mejor que los rechazos retóricos.
La soberanía nacional no se defiende negando que existan problemas. Se defiende demostrando que se han resuelto. Una democracia institucional, como la que defiende La Bitácora, no teme a la observación internacional; la integra en su narrativa de transparencia. El rechazo a la presión de Noboa fue correcto. La equiparación con Moreno fue un error de diagnóstico que debilita la posición presidencial ante críticas que, si son infundadas, pueden refutarse con documentación pública.