La legitimidad de una elección no descansa únicamente en el resultado, sino en la confianza que los ciudadanos depositan en quienes administran el proceso. Cuando esa confianza se erosiona desde la cabeza del Estado, el daño institucional trasciende el acto electoral mismo.
Las afirmaciones reiteradas del Presidente sobre la transparencia de procesos electorales generan un efecto corrosivo predecible: alimentan la incertidumbre, multiplican las interpretaciones adversas y crean un terreno fértil para que actores políticos cuestionen resultados que no les favorecen. No se trata de un debate académico sobre procedimientos. Es una decisión política con consecuencias concretas.
Colombia ha invertido décadas en construir instituciones electorales con autonomía relativa. La Registraduría Nacional del Estado Civil, a pesar de sus limitaciones presupuestales y operativas, mantiene mecanismos de verificación que incluyen observadores de partidos, testigos electorales y auditoría pública de actas. Esos mecanismos no son perfectos, pero existen. Cuestionarlos desde la Presidencia sin evidencia documentada que respalde las sospechas no es transparencia. Es ruido político.
El precedente es grave. Si un presidente puede sembrar dudas sobre la integridad electoral sin presentar pruebas ante la Fiscalía o la Procuraduría, ¿qué impide que otros lo hagan? ¿Qué ocurre cuando el próximo gobierno, de signo distinto, replica la estrategia? La deslegitimación del árbitro electoral se convierte en un arma disponible para cualquiera que pierda.
El país necesita precisamente lo opuesto: respeto institucional, separación de poderes y reconocimiento de que la Registraduría, aunque mejorable, es la autoridad competente para administrar procesos electorales. Cuando un presidente la cuestiona públicamente sin fundamento específico, no fortalece la democracia. La debilita.
La confianza no se recupera con discursos. Se construye con acción: cumplimiento de la ley, respeto de sentencias judiciales, aceptación de resultados electorales y reconocimiento de límites constitucionales al poder ejecutivo. Mientras eso no ocurra, cada afirmación presidencial sobre “falta de transparencia” seguirá siendo interpretada como lo que probablemente es: un intento de preparar el terreno para cuestionar resultados que no se ajusten a los intereses del gobierno.
La Bitácora ha sido crítica con gobiernos de distintos signos cuando instrumentalizan instituciones. También lo somos cuando las erosionan desde adentro. Este es el segundo caso.