El 11 de junio de 2026, el presidente Gustavo Petro publicó en su cuenta de X que nunca se le informó de restricciones a su visa estadounidense ni de un eventual arresto durante su visita a Estados Unidos. La declaración llegó después de que el Washington Post reportara que un encuentro con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, habría sido frustrado por intervención del presidente Donald Trump.
Lo que está sobre la mesa no es menor. Si la versión del Washington Post es precisa, un gobierno extranjero habría bloqueado el contacto entre un jefe de Estado y un alcalde de una ciudad estadounidense. Petro calificó el episodio como “poco democrático” y sostuvo que tampoco se le habría permitido dictar una conferencia en Boston a la que estaba invitado. La Cancillería colombiana, hasta donde se conoce, no ha reportado una nota de protesta formal.
La respuesta del presidente colombiano se mueve en dos registros. En el primero, el de la queja: Trump estaría cruzando una línea al condicionar la movilidad de un aliado hemisférico. En el segundo, el de la contención: Petro aseguró que los acuerdos alcanzados en la Oficina Oval sobre lucha contra el narcotráfico de cocaína y fentanilo se mantienen “sin menoscabo de la soberanía nacional”. La contradicción es evidente. No se puede invocar soberanía y, en la misma declaración, presentar como logro una cooperación antinarcóticos con el mismo gobierno al que se le cuestiona.
También merece lectura el capítulo electoral. Petro volvió a denunciar la “supuesta injerencia” de Washington en las presidenciales colombianas y el apoyo a la candidatura de Abelardo de la Espriella. Es un argumento que se ha reiterado desde la Casa de Nariño sin que se hayan presentado, hasta ahora, pruebas concretas ante instancias multilaterales ni ante la opinión pública colombiana con documentación verificable. Repetir la denuncia no la convierte en hecho.
Lo que queda es un precedente incómodo. Un presidente que viaja a la Asamblea General de la ONU, que asiste al funeral de Jesse Jackson en Chicago —como él mismo recordó— y que, sin embargo, ve impedido un encuentro político en Nueva York. La protección diplomática que invocan los tratados funciona para el recinto de las Naciones Unidas; fuera de él, queda al arbitrio de quien controla el territorio. Esa asimetría no la inventó Petro, pero sí la puso en evidencia.
Para Colombia, el episodio abre tres preguntas que el gobierno debe responder con documentos, no con declaraciones en redes. Primera: ¿qué protección efectiva recibió la comitiva presidencial en suelo estadounidense y qué canales diplomáticos se activaron? Segunda: ¿cuál es el alcance real de los acuerdos antinarcóticos firmados con la administración Trump, y qué compromisos asume Colombia a cambio? Tercera: ¿qué acciones concretas —denuncias, consultas, notas verbales— se han elevado sobre la presunta injerencia en el proceso electoral?
La política exterior seria no se mide por el número de tuits, sino por la calidad de los oficios diplomáticos. Un presidente que busca defender su soberanía tiene a su disposición la OEA, la CIDH y los mecanismos bilaterales. Lo que no tiene es un megáfono con suficiente potencia para sustituir una Cancillería que opere con rigor.
Por ahora, la ciudadanía observa a un jefe de Estado que viaja, se reúne, denuncia y relativiza todo en un solo hilo de X. La política exterior de un país no puede construirse a 280 caracteres por publicación.