¿Qué significa hoy ser el presidente de todos los colombianos cuando buena parte de ellos no quiere ser gobernado por quien resulte elegido? La pregunta no es retórica. El artículo 188 de la Constitución Política establece con claridad meridiana que el Presidente de la República simboliza la unidad nacional. No dice que la simbolice para los que votaron por él. Dice la unidad nacional, punto. Y sin embargo, cada ciclo electoral parece profundizar la grieta que esa norma pretende cerrar.
La tensión entre mandato constitucional y realidad política no es nueva, pero sí se ha agudizado. En 1991, cuando se redactó nuestra Carta, los constituyentes partían de una experiencia reciente: la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que exigieron siete millones de colombianos en las urnas. Aquello fue, en esencia, un acto de unidad forzada por la crisis. La violencia, la parálisis institucional y la urgencia de reinsertar a la guerrilla del M-19 en la vida civil obligaron a construir puentes que parecían imposibles. La Constitución de 1991 no nació de la concordia natural sino de la necesidad de sobrevivencia institucional. Quizá por eso sus redactores fueron tan explícitos: el presidente no es un premiado electoral, es el garante de una unidad que trasciende las mayorías.
La historia comparada ofrece ejemplos que merecen lectura sin idealización. Nelson Mandela asumió el gobierno de Sudáfrica en 1994 con una legitimidad moral inobjetable, pero también con la determinación política de no convertir esa legitimidad en revancha. Su decisión de mantener al capitán de rugby François Pienaar como símbolo de reconciliación, su invitación a las viudas de los presidentes del apartheid a la inauguración presidencial, no fueron gestos meramente sentimentales. Fueron, en el sentido que Hannah Arendt le daba al término, actos de fundación: acciones que establecen nuevos principios de convivencia política. Mandela comprendió que la unidad nacional no se decreta, se construye mediante gestos que cuestan caro a quien los realiza.
Abraham Lincoln ofrece un contrapunto instructivo. Su elección en 1860 desencadenó la secesión de once estados y una guerra civil que costó más de seiscientos mil muertos. Lincoln no gobernó para todos desde el primer día; gobernó contra una parte significativa del país para preservar la Unión como horizonte futuro. Su segundo discurso inaugural, con esa frase casi cristiana sobre maldecir a nadie y tener caridad para con todos, fue pronunciado cuando la victoria militar ya era inminente. La unidad, en su caso, no fue método sino resultado de una victoria. La pregunta que nos compete, mutatis mutandis, es si en Colombia disponemos del tiempo y de las instituciones para esperar a que la unidad emerja del conflicto, o si debemos exigirla como punto de partida.
El gobierno de Juan Manuel Santos intentó, con más aciertos que errores, una versión institucional de esta lógica. La llamada Unidad Nacional no fue, como algunos pretenden reducirla, una mera repartija de cargos. Fue el reconocimiento de que ciertas reformas —la fiscal, la de justicia, los acuerdos de paz— requerían estabilidad política que las mayorías estrechas no garantizaban. El problema no fue el principio de concertación sino su degradación posterior: la unidad como fin en sí misma, sin propósito reformador, termina siendo indistinguible del clientelismo. Pero confundir la degeneración de una práctica con la invalidez de su principio es un error que pagan caro las democracias.
La elección presidencial que se avecina no será, por desgracia, la excepción que confirme la regla. Los candidatos ya hablan de “el pueblo” como si este habitara solo en quienes los apoyan. Las encuestas miden intención de voto pero no capacidad de gobernar para los que no votarán por el ganador. Y la sociedad, atomizada en comunidades digitales que confirman sesgos antes que corregirlos, parece resignada a que la unidad nacional sea una fórmula retórica de discursos inaugurales, no una práctica cotidiana del poder.
La Constitución no se equivocó al cargar al presidente con esta responsabilidad simbólica. El error estaría en asumir que la unidad puede proclamarse sin ejercitarse. Tocqueville observaba en la América del siglo XIX que las democracías necesitan hábitos del corazón que la ley no puede imponer. El artículo 188 es una ley excelente; lo que falta son los hábitos. Y esos, en democracia, son responsabilidad de quien gobierna y de quienes lo eligieron, pero también —y aquí reside la dificultad— de quienes perdieron.