La democracia no elige únicamente gobernantes; define, cada cuatro años, el tono de la res pública que heredarán las generaciones venideras. En la segunda vuelta del próximo 21 de junio, los colombianos no se juegan tan solo el nombre del próximo presidente, sino la posibilidad misma de corregir sin ruptura un ciclo de deterioro institucional que ha confundido el uso del Estado con la prolongación de una campaña permanente. Han sido años en los que la separación de poderes se interpretó como obstáculo y la independencia judicial como deslealtad. La pregunta que condensa esta encrucijada es, por tanto, una sola: ¿puede quien encarna la continuidad de un proyecto que erosionó las reglas del juego ofrecer garantías creíbles de corrección, o estamos ante un simulacro de diálogo destinado a preservar lo esencial del statu quo?
Iván Cepeda entendió, tarde pero no por ello insignificante, que sin el voto del centro no alcanzará la Presidencia. Su mensaje público a Claudia López y Sergio Fajardo reconociendo que “en muchos casos justos” existen críticas a la gestión reciente y proponiendo “corregir la plana” donde haya errores, mientras se profundizan los aciertos, rompe, al menos en la superficie retórica, con la ortodoxia populista que atribuye todo revés a una conspiración de las élites. Sin embargo, el progresismo colombiano ha usado antes el lenguaje de la concertación para desactivar resistencias más que para construir mayorías programáticas. La prudencia obliga a distinguir entre un gesto electoral coyuntural, nacido del pánico ante los números de la primera vuelta, y una verdadera reconversión institucional. El que pide confianza debe ofrecer pruebas, no buenas intenciones.
La respuesta de Claudia López es un modelo de cómo debe comportarse el centro en una democracia exigente. Valoró el desmonte de la iniciativa constituyente —un proyecto que hubiera dinamitado la carta fundamental sin las mayorías que exige la ley y que generaba justa resistencia entre los moderados—, pero no se conformó con el aplauso fácil. Le exigió a Cepeda asumir un liderazgo “propio”, advertida de que el presidente actual “piensa en su futuro como expresidente”, es decir, en prolongar su influencia tras abandonar el Palacio. Le pidió, además, que detalle cuáles errores reconoce y cómo los corregirá, y cuáles aciertos profundizará bajo el Acuerdo Nacional que propone. Esta exigencia de cuenta pública no es capricho ni trapo de comité: en una tradición republicana, quien aspira al mando debe rendir cuentas antes de recibirlo, no después. La transparencia no es un regalo a la oposición, sino el pasaporte mínimo para gobernar con legitimidad en un Estado de derecho.
Más allá de los nombres, lo que está en juego es el método de ejercicio del poder. Los últimos cuatro años han mostrado un uso instrumental del Estado que debilitó la autonomía de la Fiscalía, subordinó la diplomacia a una alineación cómoda con regímenes autoritarios y convirtió la crítica política en herejía que merece cancelación. La tarea del próximo gobierno no será tan solo administrar recursos, sino reconstruir la confianza en las reglas del juego. Si Cepeda quiere que el centro lo escuche con seriedad, debe demostrar que comprende que la plana no se corrige con palabras o comités de sabios, sino con límites efectivos al poder presidencial, con restauración de la autonomía de la Rama Judicial y con una política de comercio internacional que no utilice los tratados como herramienta de clientelismo ideológico. Los colombianos debemos saber si su ofrecimiento de diálogo es el inicio de una verdadera autocorrección o la extensión de una táctica dilatoria para rescatar lo esencial de un proyecto en crisis.
En el otro costado, Abelardo de la Espriella representa una alternativa que incluye, según ha trascendido en el debate público, la dolarización de la economía y el regreso a una concepción clásica de la seguridad como monopolio legítimo del Estado. La noticia del cese unilateral de fuego anunciado por Iván Mordisco para el periodo electoral podría leerse, con benevolencia, como un gesto de civilidad; pero también funciona como un recordatorio inquietante: en amplias zonas del territorio nacional la autoridad pública sigue siendo una variable que se negocia con actores armados, no un hecho consumado. El trueque temporal de treguas por votos no sustituye la presencia permanente de una fuerza pública profesional y bien equipada. La dolarización, por su parte, exige un debate técnico serio que supere eslóganes de campaña; lo que sí está claro es que la desconfianza en la institucionalidad monetaria actual ha alcanzado niveles que ya no pueden responderse con meras recetas convencionales. Quien proponga estabilidad debe traer un plan, no solo una promesa.
Más de 1,4 millones de colombianos en el exterior votarán entre el 15 y el 21 de junio, organizados en 253 mesas distribuidas en 67 naciones. Este electorado, lejos del clientelismo local y del miedo parroquial, suele comportarse como un termómetro de la razón pública. Su participación será decisiva. Entre tanto, la advertencia de López reverbera con fuerza: el centro no está en venta. Los votantes moderados no piden una cohabitación simulada con el progresismo, sino una ruptura explícita con los vicios del autoritarismo blando que han deteriorado la vida institucional de la nación. Como recordaba Popper, la democracia es el sistema que permite la eliminación del gobierno sin derramamiento de sangre; pero para que ese mecanismo funcione, quien aspira al poder debe aceptar que el cargo es préstamo, no patrimonio. Cepeda quiere el centro. Le tocará pagar en la moneda de la verdad institucional. De lo contrario, los moderados tendremos que buscar en la alternativa una salvaguarda que, con todos sus riesgos inherentes a lo nuevo, al menos no dude en llamar a las cosas por su nombre.
Fuente original en Infobae Colombia