Rafael Vargas, director de Gestión Electoral de la Registraduría, explicó en La FM cómo planean sortear los obstáculos logísticos y de seguridad para garantizar elecciones en territorios donde operan grupos armados al margen de la ley. La pregunta no es menor: en 2026, millones de colombianos viven en zonas donde la presencia estatal es débil y el control territorial de ELN, disidencias de las FARC y Clan del Golfo es real.
La Registraduría enfrenta un reto operativo sin precedentes. No se trata solo de imprimir papeletas y transportarlas. Hay que coordinar con autoridades locales, policía, ejército y, en algunos casos, negociar con actores armados para asegurar que ni el material se pierda ni los votantes enfrenten represalias por participar. Vargas no detalló en la entrevista qué acuerdos específicos existen, pero sí enfatizó que la entidad electoral tiene protocolos diseñados para estas circunstancias.
El contexto importa. Colombia ha logrado hacer elecciones en zonas complejas antes, pero el mapa de control territorial cambió desde 2022. Las disidencias se han fragmentado, el Clan del Golfo se ha expandido hacia municipios que antes parecían estables, y el ELN mantiene presencia en el occidente y sur del país. Vargas tiene razón al plantear esto como un desafío de gestión, pero la respuesta requiere más que buena voluntad: necesita financiamiento, presencia de observadores internacionales y, sobre todo, que los actores armados respeten un acuerdo tácito de que la contienda electoral no es campo de batalla.
La Registraduría no puede resolver solos lo que es un problema de seguridad estatal. Pero sí pueden comunicar con claridad qué va a pasar, dónde, y cómo se protegerá a votantes y funcionarios. Eso es lo que falta escuchar: no solo la estrategia de la Registraduría, sino el compromiso del Ministerio de Defensa y la Policía de blindar el proceso electoral en esos territorios.