A cinco días de la segunda vuelta, la campaña se ha concentrado en caravanas, cierres callejeros y disputas por la movilidad bogotana. Lo que aún no llega con la misma nitidez es el contenido programático: qué hará cada candidatura con la arquitectura institucional, presupuestal y contractual del Estado a partir del 7 de agosto.
Según reportó Infobae, las dos hojas de ruta son divergentes en al menos cuatro frentes: política de paz, estrategia de seguridad, sistema de salud y lucha contra el narcotráfico. La misma publicación describe que un candidato plantea sostener y profundizar las políticas impulsadas durante el gobierno de Gustavo Petro, mientras que el otro propone reorientar esos cuatro ejes. El contraste, siempre según Infobae, va de la continuidad de los diálogos con grupos armados y de la presencia institucional en los territorios —en un caso— al cierre de la Paz Total, al fortalecimiento de la fuerza pública y a un mayor rigor contra estructuras criminales —en el otro—.
Traducido a decisiones verificables, la primera ruta implica sostener el marco normativo vigente de los diálogos y los esquemas territoriales. La segunda, según el mismo reporte, apunta a desmontar esa arquitectura y a reasignar recursos hacia la fuerza pública profesional y la lucha contra el narcotráfico. Cualquiera de las dos sendas tiene costos: la primera arrastra los cuestionamientos que la Contraloría, la Procuraduría y sectores de la fuerza pública han formulado a la estrategia territorial; la segunda obligaría a reconstruir un marco de diálogo que, con sus defectos, ha sido política oficial durante casi cuatro años.
El dispositivo logístico, mientras tanto, avanza. Infobae informó que en Cundinamarca 2.345.722 ciudadanos están habilitados para votar en 684 puestos y 6.916 mesas, con 49.051 jurados designados. El secretario de Gobierno departamental, Luis Fernando Navarro Jiménez, anunció el despliegue de más de 6.000 efectivos de la Policía y de la Décimo Tercera Brigada del Ejército, con monitoreo permanente desde el Puesto de Mando Unificado que la Registraduría puso en funcionamiento el 16 de junio. La cadena de custodia del material electoral y la coordinación interinstitucional están sobre la mesa. Es, hasta ahora, el componente menos disputado de la jornada.
Lo que sí preocupa al registrador nacional Hernán Penagos es el ambiente informativo. Penagos advirtió sobre la circulación de videos que sugieren, de manera errónea, una alteración de resultados en mesas del exterior. El funcionario aclaró que los formularios E-14 citados corresponden a jornadas distintas —la votación externa se realiza de lunes a domingo— y que no existe tal alteración. Su llamado a consultar únicamente los canales oficiales de la Registraduría es pertinente, pero deja abierta la pregunta sobre qué capacidad real de respuesta tienen las autoridades frente a operaciones de desinformación masivas en la última semana.
La intervención de la congresista estadounidense María Elvira Salazar, quien desde Florida mencionó a un candidato como opción de “seguridad y oportunidades” —según el reporte de Infobae—, añade un elemento externo a la campaña. No es la primera vez que voces del Congreso de Estados Unidos se pronuncian sobre procesos electorales latinoamericanos, ni la primera vez que lo hacen en clave de alineamiento ideológico. Que un legislador extranjero respalde explícitamente a un candidato colombiano, en la última semana, es un dato que merece registro, no celebración ni condena automática.
Lo que está en juego el 21 de junio no es únicamente quién ocupará la Casa de Nariño. Es si Colombia profundiza una ruta con resultados discutibles por sus propios organismos de control, o si opta por un regreso al centro institucional con énfasis en seguridad, separación de poderes y fuerza pública profesional. Las dos opciones tienen costos. Pero solo una de ellas ha sido auditada con rigor por la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía durante los últimos años. Esa asimetría informativa debería pesar en el elector.
La última semana no se gana con caravanas. Se gana con argumentos verificables y con la capacidad de explicar, con cifras y con cronograma, qué se hará el 8 de agosto de 2026. Ese es el examen que ninguna de las dos campañas ha terminado de presentar.