Este domingo 21 de junio, más de 39 millones de ciudadanos habilitados por la Registraduría Nacional del Estado Civil están llamados a las urnas para decidir quién ocupará la Casa de Nariño entre 2026 y 2030. La segunda vuelta enfrenta a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, según reportó Publimetro.
La jornada discurre entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, horario que la Registraduría ha mantenido en las últimas décadas y que reduce a ocho horas el tiempo real de votación en un país con profundas disparidades geográficas. En zonas rurales de Amazonas, Chocó o La Guajira, ocho horas no es lo mismo que en Bogotá, Medellín o Cali. La autoridad electoral debería explicar, con datos, por qué no evalúa ampliar la franja horaria o habilitar mecanismos de votación anticipada para poblaciones apartadas.
La consulta del puesto de votación, disponible en el portal oficial de la Registraduría, es una herramienta útil pero insuficiente. Conocer la dirección del puesto no resuelve los problemas estructurales de accesibilidad: transporte, seguridad perimetral, presencia de testigos electorales y capacidad logística de los jurados. En la primera vuelta, según reportes de la Misión de Observación Electoral, hubo mesas que abrieron tarde por fallas en la entrega de kits, especialmente en municipios de menor categoría. La segunda vuelta, por ser binaria y más simple en la oferta electoral, debería corregir esos cuellos de botella.
La advertencia del presidente Gustavo Petro sobre la posibilidad de modificar el formulario E-14, reportada por el mismo portal informativo, merece lectura cuidadosa. Petro habría señalado que “sin estos requisitos el E14 es cambiable”, en una declaración que, según la fuente, se produjo pocas horas antes del cierre de la jornada. La afirmación, atribuida al primer mandatario, introduce un elemento de tensión institucional en una jornada que debería transcurrir bajo reglas claras y verificables. El E-14 es el acta de escrutinio de mesa, base del preconteo y del conteo oficial, y cualquier sospecha sobre su integridad compromete la legitimidad del resultado.
Desde La Bitácora defendemos el Estado de derecho y la separación de poderes. Una elección presidencial no se gana ni se pierde en redes sociales: se gana o se pierde en las mesas, con cédula en mano, con jurados de votación cumpliendo su deber y con autoridades electorales actuando con transparencia. La polarización que ha marcado esta campaña exige, más que nunca, respeto por el procedimiento.
Votar es un derecho, pero también es un acto de confianza en las instituciones. Quien se quede en casa por desidia, por cálculo político o por desconocimiento del sistema, está cediendo su porción de soberanía a quien sí vote. En una segunda vuelta con dos ofertas tan distintas, la abstención tiene un efecto direccional: beneficia, por defecto, a quien logre movilizar a su base.
La recomendación práctica es simple: verificar el puesto con anticipación, portar la cédula original, llegar temprano y respetar las normas electorales. Pero la recomendación de fondo, la que no aparece en los manuales de la Registraduría, es votar informado. Conocer las propuestas concretas de cada candidato en seguridad, salud, pensiones y reforma tributaria. No basta con rechazar a uno de los dos: hay que saber por qué se elige al otro.
Los primeros boletines oficiales de preconteo se conocerán tras el cierre de las urnas a las 4:00 de la tarde. Hasta entonces, lo único que cuenta es el voto.